Desde el 2013, en Quintana Roo la política viene en un proceso de cambio que aún no concluye, es más, avanza a que las fuerzas llamadas independientes se posicionen rumbo al 2019 y la partidocracia se empiece a hacer a un lado.
En 2016 el cambio de gobierno llegó con una gran expectativa, que se diluye ahora con el grito de los reclamos de promesas no cumplidas. No solo en todo el estado, sino también en cada uno de los municipios donde existe la oposición. De estos gobiernos, las respuestas son parciales, a veces insuficientes, limitadas por el tiempo y por la falta de recursos para paliar los grandes problemas sociales que afectan a los quintanarroenses: la inseguridad, la falta de oportunidad, la salud y el desarrollo del campo.
En el marco de la entrega-recepción de las administraciones locales, la economía pública de los municipios con mayor población se encuentra en crisis, la deuda de Othón P. Blanco llega casi a los 600 millones de pesos; la de Solidaridad sobrepasa los mil millones de pesos; Cozumel, la deuda pública es de casi 300 millones de pesos y Benito Juárez debe más de 2 mil millones de pesos. Con esta loza económica en su presupuesto, los nuevos presidentes y presidentas municipales llegarán a tratar de “sacar al buey de la barranca”.
Hay rezagos en obra pública, desarrollo urbano, asistencia social, existen áreas en los municipios que no sólo no gozan de oportunidades, sino que ni siquiera cuenta con un esquema que le permita modernizarse. Quizá no haya mejor evidencia de los rezagos políticos que vive el estado que los funcionarios emanados de un partido político se cierran a apoyar a la sociedad en general y solo ven por sus correligionarios, aunque en su discurso digan otra cosa.
El gobierno del estado tendrá que bregar con diferentes ideologías políticas, nuevas formas de dirigir la administración pública y la intermediación de un coordinador general de programas de desarrollo que es el interlocutor de la Presidencia de la República. Cada uno se desvivirá por dar sus mejores resultados y la aprobación del gurú que despachará desde el centro del país.
Los municipios con mayor población, Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Othón P. Blanco, tendrán derecho de picaporte en la oficina del “súper delegado” federal y están envalentonados porque Andrés Manuel López Obrador trata de manera directa con ellos, aunque se rompa la formalidad política, ya desdeñan la interlocución del gobierno del estado. La ideología de centro-derecha se manifiesta en los municipios de Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel y Bacalar, donde los alcaldes y la alcaldesa “venderán caro su amor” a cualquiera de los otros dos niveles de gobierno, todo depende con el metal que se les ilumine. La maltratada izquierda tiene los municipios de Lázaro Cárdenas, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, que integran la zona maya del estado, donde la pobreza y la marginación es una característica que se viene arrastrando desde hace 100 años, no llega ni la tecnología a estos lugares.
Las nuevas autoridades deben de tener en cuenta que el problema de la sociedad es que no se avanza en el cambio que necesita el municipio, solo ven pasar a los cabildos que solo tienen la característica de cambiar de automóvil y comprar nuevas propiedades, ni se diga del soborno de algunos sectores empresariales para el cambio de uso de suelo o la ampliación de la concesión.
SASCAB
Si bien es cierto que la descomposición social tiene que ver con la familia, también a las instituciones políticas, religiosas y sociales, les toca hacer su parte, pero parece que perdieron el rumbo, solo por centrarse en combatir la corrupción e impunidad al interior de dichas instituciones, “el que tenga oídos para oír, oiga”.