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Caminos del Mayab Por Martín G. Iglesias ||| El fracaso del Plan de Desarrollo Municipal

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Me han preguntado por qué fracasa un gobierno cuando entra con todas las intenciones de mejorar la calidad de vida de sus gobernados; la respuesta es porque no se apegan a su Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y cuando lo hacen, pueden darse cuenta que no es lo que necesitaba la gente.

En otras palabras, el Plan de Desarrollo Municipal que no toma en cuenta la participación ciudadana, en su mayoría está condenado al fracaso, pues una cosa es recoger las necesidades de la población en tiempos de campaña y otra muy diferente es diseñar, planificar, sustentar, ejecutar y evaluar lo que realmente necesita el grueso de la población.

En los municipios de Quintana Roo, mientras algunos PDM tienen una misión y visión, así como objetivos y metas claras, algunos otros no tienen en sí planes adecuados. Mientras algunos ayuntamientos consideran la creación en su organización de “consejos municipales de planeación”, otros crean el “instituto municipal de planeación”, con el objetivo de incentivar la participación social y la consulta ciudadana en lo relativo a la planeación local; pero lamentablemente el PDM termina creándose desde un escritorio, y en el peor de los casos, no de un quintanarroense, sino un escritorio de otra entidad del país.

No es optativo realizar el PDM, es un mandato Constitucional y las y los nuevos alcaldes que están por entrar el próximo 30 de septiembre deberían llegar ya con su documento debajo del brazo, para que el ciudadano sepa lo que le espera de la administración pública los próximos tres años.

Los especialistas coinciden que la planificación para el desarrollo local se considera como un proceso consensuado en que la comunidad define sus objetivos de desarrollo futuro y las formas para lograr estos objetivos, en la búsqueda del desarrollo local, entendido como el uso del territorio, sus recursos e intereses en relación con un modelo de su contexto histórico, cultural, económico, in situacional y geográfico.

Es urgente que los Municipios cuenten con el Plan que los obligue a saber hacia dónde van encaminadas las acciones que realizan diariamente; que sea el instrumento para evaluar el avance en cumplimiento de objetivos y metas, no cada año, sino mensualmente colocar bajo la lupa la actividad de cada una de las entidades que conforman la administración municipal.

Si bien es cierto que los municipios presentan cada tres años un plan para establecer las acciones que el gobierno debía ejecutar en su periodo de gestión, corren el riesgo de que no se instrumentarán dichas acciones ni se llegará al desarrollo deseado por la falta de instrumentos de evaluación. Luego entonces, el fracaso radica en que las Contralorías Municipales son ineficientes o están subyugadas, pues no evalúan el desempeño del funcionario público, desde el primer nivel hasta el último empleado.

SASCAB

En una sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Cozumel aprobó la Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 por un monto de 685 millones 289 mil 411 pesos, 43 millones 372 mil de pesos más que en la primera modificación.

Bien por el trabajo que realiza el presidente Pedro Joaquín Delbouis y el correcto manejo de las finanzas públicas, por ejemplo las reducciones en el capítulo 3000 de Servicios Generales; capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; y capítulo 9000 de la Deuda Pública; esto último, se pudo lograr debido a la baja en las tasas de interés del crédito con Banobras, y a las buenas calificaciones financieras que ha obtenido el municipio.

SACBE

Una mala noticia más para Othoniel Segovia Martínez, presidente municipal de OPB, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el precepto de la ley de hacienda del municipio de Othón P. Blanco, que preveía el cobro por la entrega de información en disco compacto.

O sea, desde el 2019 requerir información por medio de disco compacto al Ayuntamiento de Othón P. Blanco tenía un costo de 98.5 pesos para el solicitante por cada disco utilizado; ahora la SCJN les echó abajo el Decreto 289, publicado el 31 de diciembre de 2018.

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