La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inició la guerra contra el Gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa, pues este día dio a conocer que a través de su Bufete Jurídico pondrá a disposición de los poblanos asesoría gratuita para promover amparos contra el reemplacamiento y el pago de control vehicular que la administración estatal pretende realizar este año.
Con un comunicado publicado en redes sociales, la máxima casa de estudios indicó que estarán recibiendo las solicitudes y documentación a partir de este miércoles 22 de enero en las oficinas del Bufete Jurídico para que una vez que entre en vigor el programa del gobierno, se proceda a la defensa.
Las oficinas del Bufete se encuentran en 11 sur 4701 col. Reforma Agua Azul. Para mayores informes pueden llamar al 2295500 ext. 1600
Este pleito entre el gobierno del estado y la BUAP comenzó después de la venta del equipo de futbol Lobos BUAP, pues la Auditoría Superior del Estado (ASE) inició un proceso de fiscalización de recursos contra la máxima casa de estudios, mismo al que han acusado de “irregular”.
Desde diciembre de 2019 se comenzó una guerra entre la dependencia y la universidad, que ha llegado hasta discusiones en el Consejo Universitario, docentes publicando desplegados para denunciar supuestas anomalías y la respuesta del auditor, Francisco Romero a través de redes sociales.
En su defensa, Romero Serrano, quien apenas inició su trabajo como titular de la Auditoría, ha dicho que la fiscalización está dentro del marco de la ley, y ha señalado la resistencia de la máxima casa de estudios para ser fiscalizada.
Ante esto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa declaró el pasado 15 de enero que cualquier órgano que maneje recursos públicos debe rendir cuentas, asegurando que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) no está exenta de ser auditada, únicamente por ser autónoma o independiente.
En respuesta, el rector de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza lamentó que el gobernador avale la revisión de cuentas públicas por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra la universidad, pues aseguró que esta revisión atenta contra la autonomía de la institución y resaltó que nunca se habían puesto en duda los estados financieros de la BUAP.
