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Arturo Nuñez asegura que saqueo de Andrés Granier asciende a los 11 mmdp

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Al rendir su II Informe de Gobierno, Arturo Núñez Jiménez reveló que el  monto del saqueo del último año (2012) de la administración de su antecesor, Andrés Granier Melo, asciende a 11 mil 191 millones de pesos.

Apuntó que los recursos que están involucrados en estas observaciones no solventadas, corresponden a los dineros estatal y federal.

Dijo que esta cifra se deriva de un total de 46 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y la Secretaría de Contraloría.

Asimismo, destacó que la Dirección General de Responsabilidades Administrativas inició un total de 57 procedimientos que actualmente se encuentran en etapa de integración.

Enumera 27 denuncias

Refirió que de estas acciones, se han interpuesto 27 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia.

 “Uno de los compromisos que adquirí al asumir la gubernatura fue fortalecer los mecanismos de control, para consolidar una administración que regule y sustente su actuación en la ética y los principios de eficacia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, en cumplimiento de la ley y en respuesta a las exigencias de la sociedad”, comentó ante miles de asistentes que se dieron cita en las instalaciones del Centro de Convenciones de Villahermosa.

Aseguró que durante el 2014, “el órgano estatal de control ha realizado 92 auditorías de tipo financiero a obra pública, presupuestal y de control interno, de fuentes de financiamiento federal y estatal, de las cuales han derivado acciones de carácter correctivo y preventivo”

“Con ello garantizamos a los tabasqueños la correcta aplicación de los recursos que ejerce la Administración Pública Estatal”, expuso.

Más adelante, Núñez explicó que por actos indebidos, -cuando se han constatado-, “se ha inhabilitado a 184 servidores públicos estatales, encontrándose otros en etapa de integración, para salvaguardar la garantía de audiencia de los implicados, respetando el debido proceso que se establece en la Carta Magna”.

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