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ALTO AL DECRETAZO

POR L.C Y L.D DIEGO ARMANDO OROZCO JUÁREZ

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Buen día amable lector, el día de hoy hablaremos de lo ocurrido el pasado 01 de marzo respecto al mencionado «decretazo» de nuestro presidente electo, antes de entrar de fondo en el tema, es importante recordar de forma breve en qué consiste el mencionado «decretazo».

El pasado 22 de noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un decreto mediante el cual declaraba de «interés público y seguridad nacional la realización de obras a cargo del Gobierno de México asociadas a infraestructura (…)», es decir, cualquier obra de cualquier ámbito, realizada por el gobierno mexicano, podría reservar información bajo el argumento de ser un asunto de seguridad nacional, lo cual a todas luces limita el acceso a la información por parte de las y los ciudadanos, sugiriendo que existen muchas irregularidades que el titular del ejecutivo pretende ocultar.

Evidentemente esta noticia generó múltiples reacciones en todos los sectores que componen al país, la mayoría de estas reprobaban y mostraban su preocupación ante esta postura esquiva del presidente, entre las acciones que se emprendieron destacan los amparos presentados por diversas organizaciones y ciudadanos, así como, la postura del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a los Datos Personales (INAI), el cual en sesión del Pleno, acordó por unanimidad interponer controversia constitucional en contra del «decretazo».

Ahora bien, el pasado 01 de marzo de 2022, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva en contra de mencionado «decretazo»; el propio Juez de Distrito argumento dentro de la suspensión que «considerar como de seguridad nacional los proyectos y obras del Gobierno Federal, se traduce en una limitación en el acceso a la información vinculada con esas obras y proyectos».

La determinación del Juez de Distrito representa un fuerte golpe sobre las pretensiones del presidente (cualesquiera que estas fueran), y nos demuestra que existen instrumentos jurídicos que salvaguardan los derechos de los ciudadanos y garantizan un contrapeso entre los poderes del Estado Mexicano.

La suspensión definitiva que se concedió, más que una victoria, debe significar que como ciudadanos tenemos la obligación constante de supervisar lo realizado por quienes nos gobiernan y entender que la política no solo es de los políticos, sino que es un ámbito que a todos los ciudadanos nos compete y afecta en el día a día.

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