El municipio de Benito Juárez ha alistado dentro de su Ley de Hacienda obligaciones fiscales para las rentas vacacionales, las cuales han hospedado el 17.82% de los 14 millones de turistas que visitan a Quintana Roo.
Por ahora, las viviendas inscritas en esta modalidad siguen sin pagar licencia de funcionamiento, basura o derecho de saneamiento. Mara Lezama Espinoza, presidenta municipal de Benito Juárez, ha confirmado que el Ayuntamiento trabaja en la modificación del reglamento para incluir estas figuras como contribuyentes, además de delimitar qué áreas de la ciudad se podrá ofertar una renta vacacional y cuáles se excluyen.
“Estamos en espera de terminar el reglamento, ahorita estamos metidos en las Leyes de Hacienda y esperamos que la siguiente semana podamos ver a Marisol (Vanegas Pérez, secretaria de Turismo) para ver cómo va el tema, y escuchar a los sectores, los vecinos y buscar un bien común”, ha indicado la alcaldesa, según informa Novedades Quintana Roo.
No obstante, Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, ha señalado que el municipio se ha quedado atrás en el proceso de regular este rubro, puesto que en el Paquete Económico 2020 planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estos comenzarán a pagar, en enero, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), adicionales al Impuesto al Hospedaje que pagan en Quintana Roo.
En este contexto, Airbnb se manifiesta a favor de valorar y analizar cualquier iniciativa de regulación de las rentas vacacionales en Quintana Roo y en México, pero considera que limitar su operación a ciertas áreas de una ciudad como Cancún es una medida excluyente (Plantean regular plataformas de hospedaje como Airbnb).
“No hay un traje a la medida; hay que hacer un diagnóstico claro para saber las particularidades de un determinado destino, para diseñar un marco regulatorio que proteja al consumidor final y potencialice al sector; una regulación no debe significar cortar, no implica delimitar de manera negativa una actividad, pero se corre el riesgo de que esto suceda”, explicó en entrevista con El Economista Jorge Balderrama, director de Políticas Públicas de Airbnb.
