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Al menos 250 alcaldes de 10 estados son “acosados” por bandas del narco: izquierda

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Ciudad de México. En el país, al menos 250 alcaldes han recibido amenazas o acosos por parte de miembros del crimen organizado, denunció Ricardo Baptista, director ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC)

Estas declaraciones vienen luego de que el día de ayer se esclareciera que la muerte de Ygnacio López Mendoza, Alcalde de Santa Ana Maya en Michoacán, fue un asesinato y no un accidente automovilístico, como se dijo en un principio.

En entrevista con el diario Reforma, Baptista declaró que este tipo de acosos que van de amenazas a cobros de cuota se da en al menos 10 estados, con funcionarios de todos los partidos políticos, “en este asunto no hay colores, hay de todos los partidos y en todas las regiones del país. Al menos el 10 por ciento de los municipios del país se han perdido en manos del crimen organizado”, dijo.

De acuerdo con la información proporcionada por el líder de la AALMAC, -formada por militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano- estos hechos ocurren en Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Estado de México y Veracruz.

En esos estados es común que los cárteles del narcotráfico dominantes o bandas de criminales extorsionen a las autoridades municipales al exigirles dinero del erario, contratos de obra pública e incluso los presionan a nombrar a determinados funcionarios públicos.

La noche del jueves se informó que el alcalde Ygnacio López Mendoza había muerto en un accidente en la carretera hacia Michoacán, a la altura de Acámbaro, Guanajuato, sin embargo la AALMAC, asociación a la que pertenecía, lanzó un comunicado denunciando que esta versión no coincidía con la de la familia del occiso.

“La familia nos informó que él llegó a su casa a la media noche, y de ahí fue sacado por varias personas, dejando la reja abierta, y horas después apareció muerto “, destacaron en el comunicado.

Al día siguiente autoridades de Guanajuato dieron a conocer que el cadáver del ex miembro del PT tenía señas de tortura y como se corroboró en la necropsia, había muerto por asfixia mecánica por un golpe que recibió en el cuello.

El mismo Ricardo Baptista retomó declaraciones del edil fallecido en donde aseguraba que desde el principio de su gestión un hombre se comunicaba con él mes con mes para exigirle una cuota “para dejarlo trabajar”, incluso ya tenía el número registrado en su celular.

De acuerdo con el testimonio del Secretario de la AALMAC, el funcionario asesinado ya había sido “levantado” para advertirle que no volviera a denunciar este tipo de acosos del crimen organizado, además de que desde sus inicios fue citado por estas personas para señalarle “las condiciones bajo las cuales tenía que trabajar”.

Ante esto, el Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa reconoció que uno de los grandes males que que padece el estado es el cobro de cuotas por parte del crimen organizado a ediles, comercios y ciudadanos.

“Es algo que debemos desterrar. Desgraciadamente ese es uno de los grandes males que tenemos. No sólo cuotas a los ediles sino a los comercios, a los ciudadanos. Estamos tratando de combatir esa mortificación, como [prioridad] número uno”, dijo el mandatario en entrevista.

El pasado 7 de octubre, la Conferencia Nacional de Municipios de México (CNMM) denunció que cuatro de cada diez presidentes municipales del país están amenazados por la delincuencia organizada.

“Un 40 por ciento de los municipios en el país está amenazado por el crimen organizado. La amenaza hacia ellos es simplemente que [la delincuencia] revisa cual es el presupuesto que tienen [los ediles] y les piden de ahí cierto porcentaje de las obras y les mandan las constructoras”, dijo Leticia Quezada, presidenta de este organismo a la prensa.

Por su parte el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo ayer que los alcaldes amenazados por el crimen organizado no pueden ser protegidos individualmente por el gobierno federal.

“No podemos ponerle un cuerpo de seguridad a cada municipio, a cada Presidente Municipal, pero ellos tienen que cooperar mejor para resolver la inseguridad en sus municipios. No podemos justificar la no cooperación con que están amenazados”, dijo el encargado de la política interna en su comparecencia ante la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública del Senado.

El funcionario federal indicó que recibió tres veces a Ygnacio López para atender sus peticiones, entre ellas mayores recursos para el municipio, lo cual exigió con una huelga de hambre de 18 días.

Asimismo afirmó que el gobierno federal se ha enfrentado a la falta de colaboración en la estrategia de seguridad por parte de los alcaldes michoacanos.

CASO LÓPEZ ES TEMA DE MICHOACÁN, NO DE GUANAJUATO: MÁRQUEZ

Mientras que el Gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa asegura que las autoridades de Guanajuato y Michoacán ya trabajan para esclarecer los hechos y menciona que “La Procuraduría de Guanajuato es lo suficientemente solvente para ayudarnos a esclarecer qué pasó, y ya está en contacto con la de Michoacán para avanzar en el tema”, el Gobernador Miguel Márquez Márquez dice reforzar la seguridad en el límite de Michoacán es responsabilidad del gobierno de aquel estado.

En entrevista con Zona Franca  le cuestionó acerca de cómo se trabajaría para salvaguardar la seguridad en los límites con Michoacán, por lo que respondió: “no, este es un asunto más bien de Michoacán”.

Al insistirle en si la inseguridad que se presenta en el estado michoacano merma a Guanajuato, contestó: “Es asunto de Michoacán, la colindancia, como muchos otros, lo que siempre ha existido es la coordinación vinculación.

Aunado a esto, comentó que las investigaciones en torno al caso del fallecimiento del primer edil de Santa Ana Maya, Ygnacio López, se realizan por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG) porque fue en esta entidad donde ocurrió, aunque dijo: “hay que darle conocimiento tanto a la autoridad de Michoacán como la autoridad federal”.

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