Por La Palabra del Caribe
Solidaridad, Quintana Roo.— En una declaración tan explosiva como tardía, el exalcalde de Solidaridad y exsecretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, lanzó una fuerte acusación contra el exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, al señalarlo de haber entregado el estado al crimen organizado. Las declaraciones, vertidas en una transmisión especial por el aniversario de Solidaridad a través de FM 103.1, han sacudido el tablero político local y nacional.
Mendicuti no se anduvo con rodeos: llamó “delincuente” a Carlos Joaquín y aseguró que su hijo formaba parte de un esquema de cobro de “derecho de piso” en beneficio de grupos criminales. La gravedad de sus palabras encendió alarmas institucionales.
“Carlos Joaquín González es un delincuente. Vendió el estado a la delincuencia. No sólo entregó las instituciones, sino que permitió que su propio hijo formara parte del sistema de cobro de piso para el crimen organizado”, acusó en vivo el exfuncionario.
El tiempo, enemigo de la justicia
Más allá del impacto mediático, lo que ha generado especial preocupación en círculos jurídicos y políticos es el momento en que se lanza esta denuncia. Si Mendicuti conocía estos hechos durante o inmediatamente después del sexenio joaquinista (2016-2022), su deber legal y moral era denunciarlos en ese entonces. La ley contempla la prescripción de los delitos, y si el tiempo transcurre sin acción penal, incluso los crímenes más graves pierden perseguibilidad jurídica.
Su silencio prolongado puede ser interpretado como una omisión dolosa o, al menos, como una falta de compromiso con la verdad y la justicia. Hoy, con los plazos corriendo y sin una denuncia formal ante la Fiscalía, el peso legal de sus palabras es casi nulo. La ciudadanía no deja de preguntarse si esto no es más que una vendetta política disfrazada de denuncia pública.
¿Justicia o ajuste de cuentas?
Los antecedentes no juegan a favor del exsecretario. Mendicuti fue detenido en 2018 por desempeño irregular de la función pública, en un proceso impulsado durante la administración de Carlos Joaquín. Para obtener su libertad, debió desprenderse de al menos 21 propiedades, lo cual ha alimentado versiones de que sus actuales declaraciones podrían estar teñidas de rencor personal.
Aún así, lo dicho por Mendicuti no ha sido ignorado por las autoridades actuales.
Mara Lezama toma nota: la Mesa de Seguridad analizará las acusaciones
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, no pasó por alto las declaraciones. Desde Bacalar, confirmó que la Mesa de Seguridad del Estado analizará el caso, aunque fue clara al señalar que no se trata de una cacería política, sino de una revisión institucional.
“Todo lo que se denuncia, todo lo que se dice, se toma en cuenta. Así como atendemos la denuncia de una madre o una joven, también lo haremos con este tipo de señalamientos. Tiene que haber consecuencias si se comprueba algo, y si no, también. Hay que ser responsables con lo que se dice”, afirmó la mandataria.
La reacción del Gobierno del Estado demuestra que aunque las acusaciones sean tardías, no serán ignoradas, especialmente en un contexto donde la inseguridad sigue siendo uno de los temas más sensibles en la agenda pública.
¿Y Carlos Joaquín?
Hasta el momento, el exgobernador y actual embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, no ha emitido ningún posicionamiento. Su investidura diplomática y el alejamiento de la política estatal podrían impedirle responder abiertamente. Pero el eco de estas declaraciones —y la eventual indagatoria por parte de la Mesa de Seguridad— podrían obligarlo a romper el silencio.
La batalla del pasado sigue viva
La confrontación entre Gabriel Mendicuti y Carlos Joaquín revive viejas heridas en el sistema político de Quintana Roo. Esta no es sólo una disputa entre dos figuras emblemáticas del poder local, sino una señal clara de que el pasado sigue reclamando cuentas. Sin embargo, cuando la justicia llega tarde, el riesgo es que la verdad se diluya entre los intereses, la omisión y los tiempos políticos.
La gran incógnita es: ¿podrá esta acusación tardía desembocar en una investigación real o se convertirá en otro episodio más del eterno ajuste de cuentas entre los poderosos?
Por lo pronto, la atención está puesta en la Mesa de Seguridad, y la expectativa es alta. El pueblo de Quintana Roo merece respuestas. Y también merece que las denuncias, cuando existen, se hagan a tiempo.
