Ofrece el candidato López Obrador eliminar la corrupción si gana la presidencia. Salvo que se haya convertido, lo suyo es una mentira porque no lo hizo cuando gobernó el Distrito Federal y lo convirtió en un barco de piratas.
Todos vimos y oímos a su secretario particular, René Bejarano, cobrar millonadas en dólares para agilizar el pago de obras ya ejecutadas, a un contratista privado. Y lo dijo Bejarano con todas sus letras al momento de guardar los fajos: “lo sabe Andrés”.
Si Bejarano salió libre fue por una débil acusación del gobierno del Distrito Federal (AMLO), que le puso de fiscal a un amigo suyo.
El secretario de Finanzas que nombró López Obrador, Gustavo Ponce, fue a dar a Almoloya (acusado por la PGR, no por AMLO, cuya Contraloría resolvió no aplicar sanción alguna) al ser descubiertos sus traspasos millonarios, en dólares, a cuentas en Estados Unidos.
La noche en que se vio en televisión a Ponce jugando en un privado VIP del hotel Bellagio, en Las Vegas, López Obrador no lo arraigó ni le puso vigilancia para evitar que huyera.
López Obrador prometió que al día siguiente su secretario de Finanzas daría una explicación de ese video y exigió “derecho de réplica” para Ponce al Canal Dos de televisión. En esas horas valiosas Gustavo Ponce fue a su oficina para sacar papeles comprometedores, dejar en blanco la memoria de su computadora y darse a la fuga.
Ese es López Obrador en pleno combate a la corrupción de los suyos. Es el que dice que va a “barrer la escalera de arriba para abajo”. Sí, cómo no.
“Yo soy honesto, respondo por mí y no por lo que hagan otros”, dijo textualmente luego de la huida de Ponce (capturado después por la PGR).
Desde su gobierno dejó correr las relaciones de sus funcionarios con los taxis piratas.
Dejó correr la relación de las delegaciones (controladas por los suyos) con los giros negros y la prostitución.
Se multiplicó el ambulantaje gracias a la complicidad de los funcionarios encargados de frenarlo.
Dice que va a acabar con las mafias y en su gobierno las prohijó. Hasta a quienes estaban presos los extorsionaba su gobierno (no movió un dedo contra esa práctica).
Los internos del Reclusorio Preventivo Norte debían pagar 50 pesos diarios a los custodios para tener protección dentro de la cárcel. Se pagaban 70 pesos para que las autoridades les permitieran fumar mariguana. Debían pagar 10 pesos para introducir comida prohibida, que son dos al día.
Según autoridades de la Procuraduría capitalina en ese entonces, en los penales del Distrito Federal unos 20 mil internos tenían acceso a teléfonos celulares. De acuerdo con la propia PGJDF, entre 15 y 20 por ciento de los secuestros y 90 por ciento de las extorsiones que había en la capital durante ese gobierno se planeaban desde los penales locales.
A raíz de la fuga del narcotraficante guatemalteco Otto Herrera del penal de Santa Martha Acatitla, le subieron la cuota a los presos para el uso de celular de 200 a 300 pesos a la semana a “500 o 600, según te dejes”, narraron internos de Santa Martha al entonces reportero de Crónica, Carlos Jiménez.
Cuando Crónica descubrió la existencia de un asesino serial de ancianas (que resultó ser una mujer, detenida en el gobierno siguiente), su gobierno lo negó bajo el argumento de que era “un complot de la derecha”.
Todo era encubrimiento de la corrupción de sus funcionarios, de las delegaciones controladas por él y por su partido.
Promete castigar con severidad la corrupción y revisar contratos. ¿Por qué ocultó los suyos?
Dice que tendrá “mano dura contra funcionarios corruptos” y le puso fiscales a modo a sus amigos.
Toleró la extorsión y la complicidad entre autoridades y delincuencia, que eran una misma cosa. Pero eso lo veremos mañana, al mostrar que también miente cuando dice que frenó la inseguridad.
Fuente: EL PAÍS
