AGENCIA SIM
Cancún.- El desarrollo Ynfinity, de Vanguard Caribe Comercializadora S.A. de C.V., ha edificado una barda de grandes dimensiones en la parte trasera de su predio, bloqueando la vista hacia donde cometieron meses atrás una tala ilegal de mangle, pese a la suspensión judicial que existe sobre todo el proyecto de Tajamar.
Katerine Ender Córdova, presidenta del Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, señaló que interpondrá una denuncia ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez, pues el muro fue erigido sin permiso alguno, además de proseguir con las demandas interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR), por desacato.
La ambientalista señaló que Ynfinity se ubica dentro de Tajamar, sobre el que persiste una suspensión en contra de cualquier construcción o cambio de uso de suelo, no obstante, autoridades les ha permitido continuar adelante sin obstáculo alguno, lo que es una omisión criminal.
“Hemos realizado una odisea de amparos, en el que me cambiaron dos veces de secretario”, lamentó. “El último lo desecharon por decir que era extemporáneo, cuando se presentó a menos de 15 días de los hechos y cuando la ley señala que en amparo civil ambiental se tiene un plazo de 3 años y 6 meses; ahora estamos en recurso de queja”.
En Ynfinity, los ambientalistas están en la situación ilógica de tener que pedirle a un juez que imponga una suspensión sobre una susperficie donde ya rige una suspensión.
“En realidad, aquí se está incurriendo en desacato, pero es evidente la mala fe de las autoridades, que están ganando tiempo”, señaló.
En junio, Ynfinity arrasó con el mangle que existía en la parte trasera de su predio e incluso taladraron hasta el manto freático para rellenar el terreno. Estos actos fueron grabados y exhibidos en los medios de comunicación, además de tomar fe de ellos la Policía Ministerial Federal.
“Es falso que Ynfinity haya estado concluido cuando se dio el primer ecocidio; ellos simplemente les han dado celeridad para concluirlos antes de que puedan ser sancionados”, explicó.
La principal responsabilidad, no obstante, recae en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), alegó, que pese a los proceso administrativos, penales y amparos interpuestos, jamás ha realizado medidas cautelares y se niega a intervenir en la ilegal construcción de Ynfinity, denunciada desde hace años.
Por este motivo, tanto la dependencia como su delegada en Quintana Roo, Carolina García Cañón, están demandados ante la PGR.
