AGENCIA SIM
Cancún.- Catalina Portillo Navarro, secretaria del trabajo y previsión social del gobierno de Quintana Roo, explicó que las Junta de Conciliación trabaja en conjunto con la Secretaría de Finanzas y Planeación en el cruce de información sobre las empresas a las que no les ha localizado para cobrar “una condena a favor de los trabajadores”.
Por otro lado, mencionó que las empras Outsourcing son las que muchas veces cambian de domicilio y no se les pude cobrar un laudo o se les quiere auditar.
En cuanto a las empresas que se prestaron para “falsificar juicios” en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya presentaron sus amparos ante la justicia federal, sea indirectos o directos ante los tribunales colegiados.
“Hay el caso de una papelera importante a la cual ya nos ordenaron que forzosamente el trabajador debe de devolver más de 3 millones de pesos que le entregaron en un aparente juicio, por lo tanto la Junta de Conciliación estamos haciendo todos y cada uno de los trámites jurídicos correspondiente en apego estricto a esa ejecutoria emitida por el juzgado séptimo de distrito”, ejemplificó.
Agregó que en este caso, el trabajador ya devolvió 231 mil pesos en efectivo, pero como son más de 3 millones de pesos, así que hay un inmueble a favor del trabajador que puede ser sujeto de embargo a favor de la empresa afectada, se hará un avalúo real y la empresa pueda a su vez someterlo a remate en almoneda o adjudicarse dependiendo del avalúo del predio para que sea devuelta la cantidad que le sustrajeron de manera indebida de las cuentas bancarias.
Portillo Navarro recordó que las empresas afectadas son 35, que es el mismo número de juicios detectados fehacientemente. Donde la mitad tienen congeladas las cuentas bancarias y la otra mitad tiene asegurado los bienes adjudicados a favor del trabajador y después revendidos a terceras personas.
“Intervienen los despachos jurídicos que llevan los asuntos del trabajador, y que fueron todos por lo regular juicios que no fueron notificados debidamente y que se fueron en rebeldía, por lo tanto las empresas afectadas y personas físicas nunca tuvieron conocimiento de la demanda laboral en contra”, especificó.
Pero con los formatos homologados, ahora los acuarios saben que no deben de abusar de una fe pública, para que se notifique a todas las partes como lo marca la ley, así que nadie debe excusarse que no está notificado. En ese sentido serán los terceros interesados los que deben dar aviso a la Fiscalía del Estado si se sienten afectados.
A insistencia de los reporteros sobre el número de empresas que tienen congeladas sus cuentas bancarias, la Secretaria del Trabajo reveló que de las 35 son 15 las que están en esa situación.
Por el lado de la depuración de los expedientes rezagados, dijo que ya van 13 mil desde que tomaron la administración en octubre pasado, pero quedan pendientes 33 mil que tienen hasta octubre del 2017.
Aunque todavía no hay reforma laboral, si una Constitucional de los artículos 107 y 123, basado en el decreto publicado en febrero pasado, donde se das la pauta de un nuevo sistema de justicia laboral, pero no quiere decir que se extingan las Juntas, porque falta armonizar las leyes del estado para la armonización que debe estar lista el 25 de febrero del 2018, de ahí se tendrán Tribunales en el Poder Judicial, concluyó.
