Cancún, Quintana Roo.- Tradicionalmente, a los vecinos de la colonia Maracuyá se les trata como invasores, debido a que habitan una colonia oficialmente reconocida como “irregular”. Pero a decir de los mismos vecinos, éste sería un estigma que no responde a la realidad, toda vez que, para ellos, se trata de posesionarios, gente que de buena fe compró predios y fueron defraudados.
Concepción Oliveros Castillo presidente de asociación Maracuyá y Gerardo Rojas Barrón vocal de la misma, expusieron la problemática que hoy padecen las más de 200 familias que habitan esa colonia y la amenaza latente de que, en cualquier momento se genere una confrontación violenta por la disputa de tres manzanas del complejo, debido a que el señor Jacob Salomón Canché, a quien recientemente expulsaron de la asociación por presuntos actos de fraude está invadiendo manzanas destinadas a la habilitación de escuelas y áreas de recreación, para lo que ha contratado a un grupo de golpeadores.
El punto toral es la regularidad, explica Oliveros Castillo, y llamar la atención de la autoridad a fin de que evite un choque entre vecinos. Para el presidente de la asociación, resulta fundamental que la autoridad deje de tratarlos como invasores, pues no lo son –aclara- y subraya: “que las autoridades por fin decidan qué se va a hacer con la irregularidad de las colonias, cuando nos tratan de invasores, nos tratan despectivamente y nosotros les hacemos la aclaración; no somos invasores, somos personas defraudadas, compradores de buena fe, estafados”.
El problema surgió con la donación que se hizo al Ejido de Isla Mujeres y los espacios que debieron dejar entre parcelas, el cual se acumuló para dejar predios “baldíos”, los que a la postre comercializaron como terrenos, pero que los posesionarios adquirieron de buena fe y por los cuales no se les entregó ningún título de propiedad.
ASÍ SE FORMÓ LA MARACUYÁ
“La colonia Maracuyá se encuentra ubicada entre las parcelas 406 y 405, estas áreas pertenecían anteriormente al Ejido de Isla Mujeres, fue una donación que hizo el gobierno federal al gobierno municipal en el cual se le compraron anteriormente al rancho Santa Elena 40 mil hectáreas para donación al Ejido. El ordenamiento que hizo Sedatu era que se hicieran parcelas y que entre éstas tendría que haber una distancia de 10 metros; en su momento y tramposamente los comisariados ejidales no pusieron los diez metros que les estipuló el gobierno federal”, introdujo.
Siguió explicando que los espacios entre parcelas debían tener un área de 10 por 400 metros; “en 10 metros por 400 no se podía hacer nada, pero cada 10 parcelas, quedaban 100 metros por 400, entonces ya tenían 4 hectáreas favorables, de esa manera, esos terrenos quedaron, digamos baldíos y ellos aprovechando el conocimiento de esa situación se repartieron esos terrenos para lucrar con ellos”, detalló.
“El Tribunal Agrario, determinó en su momento que esos terrenos se consideraban “baldíos”, los que se lotificaron y se vendieron; en su momento quien los vendió fue Domingo Marín”, recordó.
“Al investigar que se trataba efectivamente de un lote baldío, el señor Marín había terminado de cobrar los montos por la venta de algunos de los predios, pero no entregó ningún título de propiedad, toda vez que los terrenos no le pertenecían”, recordó.
Fue entonces que se conformó la asociación y se le dio la titularidad protagónica al señor Jacob Salomón Canché, quien a la postre decidió dedicarse al lucrativo negocio de invadir y comercializar terrenos, sólo que lo que el señor Canché comercializa, son manzanas que los vecinos habían decidido preservar para habilitar ahí una escuela, un campo deportivo y preservar un cenote.
La colonia cuenta con 200 lotes, 17 manzanas y 3 de ellas la 11, 12 y 13 estaban destinadas a áreas públicas: escuelas, cancha deportiva y una zona ecológica, ahí hay un cenote; “esas son condiciones de semi-urbanidad que nos costó a nosotros determinar en planos y preservarlas”, explicó el dirigente.
El señor Canché, el jueves armó un grupo de choque para invadir la manzana 13; acudieron a la autoridad y ésta se justificó con los vacíos legales diciendo que debían tener registro de propiedad.
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