Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de un juez federal y tres secretarios de juzgado, con sede en Nuevo León, quienes presuntamente habrían favorecido con sus decisiones a Juan José Rojas Cardona, llamado Zar de los Casinos, y en cuyas cuentas bancarias se detectaron recursos que no coinciden con sus ingresos por un monto en conjunto de 14 millones 587 mil 697.27 pesos.
Los implicados son el ex titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con sede en Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y quienes fueran sus secretarios, Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González.
Desde marzo pasado, a todos ellos se les inició un procedimiento de responsabilidad administrativa, que incluyó la suspensión de sus funciones y la cancelación del pago de sus salarios y prestaciones.
En un comunicado de prensa, el CJF advirtió que se “mantienen activos los mecanismos de vigilancia” y llamó a abogados y ciudadanos a denunciar casos de corrupción, ya que el compromiso es actuar “con todo rigor” contra los jueces y magistrados que privilegien sus intereses sobre los de la sociedad.
Esta denuncia ante el Ministerio Público Federal se suma a las sanciones y denuncias contra el magistrado Eduardo Ochoa, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Nuevo León —supuesto amigo de Francisco Salazar Arreozola, apoderado legal del Zar de los casinos—; el ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, también con sede en Monterrey, Javier Rubén Lozano Martínez, y otros funcionarios judiciales por participar en una presunta red de tráfico de influencias en favor del empresario casinero, y la cual reveló EL UNIVERSAL en su edición impresa del 4 de mayo.
Previo a la investigación periodística, el Consejo inició en 2011 una indagatoria en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, la cual surgió a partir de “diversas quejas presentadas en contra del juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís” por el probable otorgamiento indebido de suspensiones provisionales y definitivas, entre otras, a casas de apuestas.
Barbosa Alanís y sus secretarios presuntamente favorecieron “de manera constante con actos irregulares” a las empresas Entretenimiento de México (Emex), Atracciones y Emociones Vallarta, ambas propiedad del Zar de los Casinos, y a las Cervezas Modelo de Nuevo León.
“El CJF concluyó que hay elementos suficientes para inferir una probable actuación irregular de Ricardo Hiram Barbosa Alanís y del secretario Héctor Monterrubio Pontigo al conocer, tramitar y resolver diversos juicios de amparo, el primero en su función de juez de Distrito y el segundo actuando como secretario y como encargado del despacho dentro de expedientes analizados, en detrimento de los principios y funciones que se encuentran obligados a cumplir”, se explica en el comunicado.
Una vez que el CJF recibió las “diversas quejas” presentadas en contra de Barbosa Alanís, se realizó una visita extraordinaria en 2011 al juzgado y desde ahí se detectaron las irregularidades en el otorgamiento de suspensiones provisionales y definitivas a distintos casinos.
La ruta del dinero ilícito se descubrió con el monitoreo de las cuentas personales y de familiares hasta en tercer grado de los implicados.
Los magistrados, jueces y secretarios de juzgado, entre otro personal sensible del Poder Judicial de la Federación, otorgaron su consentimiento para que se revisen periódicamente sus cuentas, según el acuerdo 10/2011 del CJF. Además, el 4 de noviembre de 2011 se firmó un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener información de las cuentas bancarias, contratos de inversiones y operaciones financieras de magistrados y jueces de distrito.
En relación con Barbosa Alanís se identificaron movimientos por depósitos y abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto que asciende 597 mil pesos, a lo que se suman 5 millones 123 mil 555 pesos de origen desconocido depositados en cuentas bancarias de personas ligadas con el juez federal.
En cuanto al secretario Héctor Monterrubio Pontigo, en las cuentas bancarias en las que el servidor público se ostentaba como titular, se identificaron movimientos por un millón 572 mil pesos.
Pero al abrir el abanico de la investigación, en los registros bancarios de los familiares directos e indirectos de Monterrubio Pontigo existían depósitos de origen desconocido por 946 mil 370 pesos.
En las cuentas del secretario Alejandro Tovar Álvarez se identificaron abonos de procedencia desconocida por 859 mil 440 pesos, más 2 millones 466 mil 182 pesos repartidos en registros bancarios de las personas relacionadas con él.
En el caso de la secretaria Eusebia González González se encontraron abonos, cuyo origen se desconocía, por un millón 464 mil 096 pesos, y en la cuenta de una persona relacionada con ella se depositó un millón 558 mil 983 pesos.
