El gobierno de Venezuela debe facilitar las protestas pacíficas e investigar debidamente la muerte de al menos 25 personas en las manifestaciones recientes, señaló hoy un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
"Estamos seriamente preocupados por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas, así como por las detenciones arbitrarias y las muertes", dijeron los expertos.
"Tales actos constituirían graves violaciones de los derechos a la vida, a no ser privado arbitrariamente de la libertad, y a las libertades de reunión pacífica y de expresión", añadieron.
Cientos de personas también han resultado heridas y más de 850 han sido arrestadas en las protestas que comenzaron en 2015 en el contexto de la inestabilidad económica y social.
Las manifestaciones se intensificaron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia del país emitiera, el mes pasado, la decisión de asumir los poderes legislativos de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La decisión fue revertida posteriormente, pero las protestas continuaron.
"En este momento la tensión política es elevada y la opinión pública está fuertemente dividida, pero en situaciones como ésta es cuando precisamente los gobiernos deben hacer más para proteger los derechos de las personas", subrayaron los expertos.
"El pueblo de Venezuela necesita un espacio para el diálogo pacífico y constructivo - entre sí y con sus dirigentes".
Los expertos llamaron la atención en particular sobre la nueva medida que introdujo una respuesta militar automática a las manifestaciones. La medida, que entró en vigor este mes, conocida como el Plan Zamora, también requiere la ayuda de grupos de civiles armados y policías.
"La respuesta cada vez más militarizada es contraproducente porque sólo aumenta las tensiones y aumenta el riesgo de lesiones y muerte. Las manifestaciones pacíficas deben ser facilitadas, no tratadas como una amenaza inherente a la seguridad", dijeron los expertos de la ONU.
"Las manifestaciones deberían ser manejadas normalmente sin recurrir a la fuerza. Cualquier uso de la fuerza debe ser estrictamente necesario y proporcional a una amenaza específica. Las manifestaciones pacíficas, en sí mismas, no son una amenaza. Institucionalizar el uso de una respuesta militarizada sugiere que el Gobierno piensa lo contrario", recalcaron.
Los expertos señalaron que los grupos paramilitares también han hecho uso de la fuerza para suprimir las manifestaciones, uniéndose ocasionalmente a las autoridades uniformadas.
En el estado Lara, según se ha informado, los paramilitares dieron muerte a tres manifestantes. En 16 otros estados también se ha informado sobre grupos armados que provocan y acosan a los manifestantes con el apoyo de las autoridades estatales.
"El Gobierno venezolano tiene la obligación de investigar estos asesinatos y de llevar a los responsables ante la justicia", dijeron los expertos. "Y si los grupos paramilitares cooperan efectivamente con agentes del Estado, entonces el Gobierno tiene también la obligación de llevar esos actores estatales ante la justicia".
Los expertos en derechos humanos de la ONU criticaron la creciente criminalización de las protestas en Venezuela y el uso, por parte de agentes del Estado, medios de comunicación para estigmatizar a los manifestantes de la oposición como terroristas apoyados por el extranjero.
