La Junta Especial número 3 de Conciliación y Arbitraje de Cancún, ordenó embargar las cuentas bancarias del empresario hotelero Arturo Marcelín Martínez ,por más de 11.5 millones de pesos y solicitó al Registro Público de la Propiedad y del Comercio local, el embargo de costosas propiedades, algunas en la icónica Zona Hotelera.
Mediante el oficio 0006/2017, la junta laboral pidió embargar cinco propiedades de uno de los socios de Sunset World, firma de clubes vacacionales, líder en Cancún y Riviera Maya, tras el juicio laboral radicado en el expediente 1151/2009, en beneficio de José de Jesús Lizaola Rodríguez, ex empleado del demandado, por despido injustificado en 2009.
El 4 de enero pasado, la Junta Especial 3 de Conciliación instruyó a los bancos Monex y HSBC ubicar las cuentas a nombre de Arturo Marcelín y girar un cheque de caja por 11 millones 608 mil 931 pesos a nombre del demandante.
En seguimiento al expediente 1151/2009, la Junta Especial emitió el oficio 0006/2017 al Registro Público de la Propiedad de Cancún, solicitando el embargo de tres propiedades: una suite en el condominio Las Brisas, una propiedad comercial en la colonia Alfredo Vladimir Bonfil, y un inmueble ubicado en la Supermanzana 307.
Las otras dos propiedades son una suite en la Zona Hotelera y un inmueble en la Supermanzana 28, a nombre de Gerardo Mancini Martínez, colaborador cercano de Arturo Marcelín.
De acuerdo con documentos en poder de La Jornada Maya, el empresario llegó a Cancún en 1982, tras ser vendedor de bienes raíces y según su sitio web inició actividades empresariales en 1972, con una empresa dedicada a la promoción y venta de caracoles en Hawai.
Marcelín Martínez posee valiosos caballos, así como la hacienda Andalucía, que se dedica a organizar festejos y eventos sociales, además de una vida glamorosa y de lujo, resultado de un presunto enriquecimiento injustificado por el que estuvo involucrado en una investigación federal.
El caso, de acuerdo con Wexford James Tobin Cunningham, ex presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, limpia en parte la imagen del Registro Público de la Propiedad, tras el escándalo por el despojo de valiosos predios costeros en Tulum y condominios, en Cancún.
Señaló que ahora se pueden poner candados para evitar la comercialización de predios involucrados en procesos legales, ya sea mercantil o laboral, para garantizar transparencia en el sector y para ayudar a que se alcance justicia en los procesos.
Por su parte, el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Luis Armando Esquivel Orozco, comentó que bien manejado y con transparencia, la dependencia ayudará a detectar a empresarios o compañías que no quieren cubrir o atender demandas laborales.
Fuente: (Jornada Maya)
