El plan económico, anunciado este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto y con el que se buscan mitigar los efectos del alza en las gasolinas, ha dividido las opiniones entre los sectores empresariales y bancario.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reveló, a través de un comunicado, que no firmará el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.
"El gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo y, en su caso, corregir o castigar su mal uso", argumentó en un comunicado.
La Coparmex detalló que esta negativa no significa que esté en contra del gobierno ni de quienes suscriben el acuerdo; sin embargo, quiere que el pacto sea en favor de los mexicanos y no de intereses personales.
"Ya en el pasado, en el último pacto del año 1995, la Coparmex ha dado testimonio con la abstinencia de su firma, de la inviabilidad de los acuerdos que no resultan de un verdadero diálogo social. Que se hacen apresuradamente y cuyos efectos son muy limitados", argumentó el organismo.
La Coparmex informó a Expansión que este martes ampliará su postura al respecto en una conferencia de prensa.
También, los pequeños negocios de la Ciudad de México criticaron que, como parte de dicho plan, el gobierno intensifique las revisiones y sanciones contra los comerciantes, en lugar de optar por una ruta de acción que resuelva la situación económica del país.
"Consideramos que es necesaria la vigilancia de la actividad comercial para protección del consumidor, pero ésta debe escalar más allá de los minoristas e intensificar sus acciones en la cadena productiva y de distribución", informó la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) en un comunicado.
La Canacope rechazó que se estigmatice al sector comercial minorista y prestadores de servicios, como quienes generen el alza de precios, ya que este sector recibe las mercancías ya con aumentos por el ajuste inevitable que se presenta en el transporte de insumos, en el proceso de industrialización, almacenamiento y el traslado a grandes centros de distribución donde los minoristas se surten.
También pidió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que sus funcionarios se apeguen a los protocolos establecidos y al marco jurídico durante las inspecciones que realicen a los establecimientos.
"Esperamos que no se busque solamente impactar mediáticamente con sanciones indiscriminadas al sector MIPYME y se olvide vigilar y sancionar a quienes incurran en alza de precios injustificadas, acaparamiento de productos en la cadena productiva y de distribución", apuntó.
Por el contrario, el sector bancario sí respaldó el acuerdo económico confiando en que se procure la estabilidad económica y social de México.
“Estamos seguros que este acuerdo puede ser punta de lanza que permita mantener y ampliar la fortaleza del mercado interno y superar los vaivenes económicos que afectan las economías a nivel mundial”, informó la Asociación de Bancos de México (ABM) en un comunicado.
