Para evitar que el ex gobernador Roberto Borge Angulo abandone el país con la intención de evadir la justicia, la XV Legislatura del Congreso estatal aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía General del Estado, a que soliciten al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitan una alerta migratoria y aseguren bienes y recursos en su propiedad, para garantizar la reparación del daño patrimonial ocasionado al estado de Quintana Roo.
En la sesión ordinaria número 28, presidida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, el Pleno del Congreso del estado aprobó por mayoría dicho punto de acuerdo por obvia y urgente resolución, presentado por los integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y respaldado por los diputados de Morena, Nueva Alianza, Encuentro Social y del diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero.
El acuerdo, firmado por las diputadas Mayuli Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Eugenia Solís Salazar y Laura Beristain Navarrete, así como por los diputados Eduardo Martínez Arcila, Emiliano Ramos Hernández, Jesús Zetina Tejero, José Esquivel Vargas y Fernando Zelaya Espinoza, establece que existe el riesgo fundado de que el exgobernador abandone el país con el fin de evadir la justicia.
“Esto no es sólo un clamor popular, es justicia elemental, y va encaminado a reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, dejando claro que en un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley, y ésta cuenta con los medios suficientes para presentar ante la justicia a los malos funcionarios, y en su caso, obligarlos a restituir el patrimonio afectado”, explica el documento.
Presunción de inocencia, reclama diputado del PRI
Por su parte, el diputado Raymundo King, del PRI, consideró que la alerta migratoria debe ser solicitada por un juez y no por el propio Poder Legislativo, pues debe prevalecer el principio de la presunción de inocencia. En el mismo sentido se pronunció el diputado José Luis González Mendoza.
