Los compradores de las nueve mil 500 hectáreas de la reserva territorial que perdió Quintana Roo en la administración de Roberto Borge Angulo, incurren en delincuencia organizada porque compraron a precios más bajos sin respetar las reglas estatales, mencionó Luis Armando Ezquiel Orozco, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo.
El delito que ya fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) implica una red en la que estaría a la cabeza el exgobernador, quien a través del Instituto del Patrimonio Estatal (Ipae), representado por Claudia Romanillos Villanueva, vendió 11.8% del territorio estatal en siete municipios a familiares, trabajadores al servicio del exgobernador y amigos, y para configurar la venta participaron valuadores de la entidad y corredores públicos, las ventas se ejecutaron de 2011 a 2016.
“Sí es un modus operandi, sí hay una red que ha estado trabajando con una lógica, hay un procedimiento que estuvieron siguiendo, en el cual evidentemente participan exfuncionarios, y personas que están identificadas como familiares, incluso empleados de la familia del exgobernador Roberto Borge. Es un proceso simple, les dieron un pedazo como si fuera su patrimonio personal, como si fuera un acuerdo entre dos particulares que se ponen de acuerdo en el precio y listo, para esto exhiben un avalúo de referencia”, dijo Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Gestión Pública (SGP).
Explicó que la anomalía surge en el avalúo, ya que deben regirse dentro de las reglas estatales, las cuales no se cumplieron en la venta de las reservas territoriales, mismas que se vendieron a precios muy por debajo del mercado de hasta 1% su valor real a personas física y morales.
Agregó que será presentado en dos semanas el mapa por municipio de cada una de las zonas donde se vendieron las reservas territoriales del estado y enviar la información como pruebas a la PGR y a la Fiscalía General del Estado, además de sumar más denuncias relacionadas.
