Aguakán, la empresa concesionaria de agua potable en la zona norte de Quintana Roo, asegura que no existe ninguna solicitud directa del Congreso, de los municipios o de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) indicando que existe una intención formal de revocación de su título de concesión.
Al no existir, “por el momento”, nada legal contra qué defenderse, la empresa ha optado por buscar acercamiento tanto con el gobierno estatal a través de la CAPA, como con los cuatro municipios en donde presta sus servicios, para continuar con sus planes de obra e inversión a los que está obligada por contrato, explicó en entrevista a El Economista el gerente de Verificación de Proyectos y Obras de Aguakán, César Alejandro Espinoza Rodríguez.
Respecto de los supuestos altos costos del servicio y de la calidad del agua que brinda, que han sido las críticas más prolijas, el directivo se defiende. De los primeros, dijo, es la CAPA quien los fija; y de la bondad del líquido, asegura que cumple con la Norma Oficial Mexicana 127, y que es apta incluso para beber.
Aguakán no lleva sólo agua
El directivo aseguró que pese a los ataques en contra de la empresa, Aguakán es un activo económico que aporta ingresos a las arcas de los municipios, pues no sólo pagó 1,079 millones de pesos a la administración de Roberto Borge Angulo como contraprestación por extenderle 38 años más el título de concesión, sino que también está obligada a dar 10% de sus ingresos anuales a los municipios donde opera.
Espinoza Rodríguez afirmó que dicho pago no puede ser menor a los 30 millones de pesos, aunque la empresa reporte ingresos menores.
Aunado a ello, también está obligada a invertir 11.4% de sus ganancias anuales, lo cual significa que entre 1994 y 2015 ha inyectado un total de 2,158 millones de pesos en infraestructura para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Aguakán tiene la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado desde 1994 en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, pero fue hasta el 2015 cuando el entonces gobernador, Roberto Borge, amplió la concesión para que entrase a Solidaridad (Playa del Carmen), además de que extendió de manera anticipada la vigencia del contrato hasta el año 2053. Originalmente el contrato firmado en 1994 vencía en 2020.
Buscan recuperar control; no han interpuesto recurso
El pasado 3 de octubre, el municipio de Puerto Morelos, gobernado desde octubre de este año por Laura Fernández, aprobó por unanimidad del Cabildo la propuesta para recuperar el control de la red de agua potable y alcantarillado, actualmente en manos de Aguakán, a fin de que sea la CAPA quien se encargue de suministrar el líquido.
En el punto de acuerdo se lee que si bien Puerto Morelos formó parte del municipio de Benito Juárez (Cancún) por muchos años, a partir del 1 de enero de 2015 es un municipio autónomo que no está obligado a refrendar un título de concesión que se otorgó en otras circunstancias y bajo un estatus administrativo distinto al que hoy tienen la localidad.
Sin embargo, el gerente de Verificación de Proyectos y Obras de Aguakán, expuso que si bien esa es la argumentación central del gobierno municipal, se debe tomar en cuenta que el título de concesión, firmado desde 1994, “habla de municipios, pero también de zona concesionada, descrita en términos de una superficie territorial, dentro de la cual está el nuevo municipio de Puerto Morelos”.
Añadió que hasta el momento Aguakán no ha hecho valer jurídicamente los términos en los que está redactado el contrato, porque a pesar de la decisión tomada por el Cabildo, no hay ninguna notificación oficial solicitándole a la empresa dejar de prestar sus servicios en el municipio.
Asimismo, en el municipio de Solidaridad, la presidenta municipal Cristina Torres, asumió durante su toma de protesta el compromiso de revertir la concesión del agua potable aprobada por la administración de su antecesor Mauricio Góngora a instancias del exgobernador Roberto Borge.
“Que se escuche fuerte y que se escuche claro: Pelearemos por los cauces legales para revertir esa dañina concesión”, advirtió la presidenta municipal durante la ceremonia en la que asumió el cargo.
Al respecto, Espinoza Rodríguez aseguró que han solicitado audiencia con el gobierno de Solidaridad, donde hasta el momento no se les ha concedido una reunión formal, pero tampoco hay ninguna acción legal en contra de la empresa.
Dijo que Solidaridad es el municipio con mayores requerimientos de infraestructura, pues existen 57,323 viviendas que requieren ser conectadas a la red del suministro de agua.
Altos cobros y calidad
Ante los altos cobros de los que es acusada la empresa, el directivo dijo que las tarifas no las decide Aguakán, sino que están sujetas a lo que marca la CAPA. Las tarifas en Quintana Roo, añadió, se sitúan en la media nacional, respecto del resto de las entidades federativas.
Sobre la calidad del agua que también ha sido cuestionada, pormenorizó que realizan más de 5,600 análisis al mes, además de los monitoreos que realiza Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual ha acreditado que el agua que suministra Aguakán a los hogares cumple con la NOM 127 de la Secretaría de Salud, lo que significa que es apta para el consumo humano, incluso para ser bebida.
Fuente: El Economista
