En julio del 2015, la empresa grúas Cardona, sin un ordenamiento por parte de la Policía Federal, levantó, arrastró y encerró un camión de la compañía de Transporte Especiales del Caribe, cuando lo intentaron sacar, les pedían el pago de 100 mil pesos, actualmente se llevan varias acciones legales contra los dueños de estas grúas, una de ellas es una denuncia penal por robo de vehículo y extorsión que está asentada en la averiguación previa AP/CAN/89/01/943/7-2015.
Esta empresa de grúas sin que existiera una infracción, accidente o hecho de tránsito, actuó por voluntad propia y se llevó el camión de la empresa de transporte, que se encontraba estacionado afuera de la carpeta asfáltica en la carretera federal Playa del Carmen-Cancún.
Los trabajadores utilizaron una grúa sin logotipo y ocultó el vehículo en un corralón no autorizado sobre la carretera a Leona Vicario, dijo el abogado de la empresa agraviada.
El litigante dijo que la averiguación fue “congelada” por el entonces procurador del estado, Gaspar Armando García Torres, y posteriormente por el actual fiscal Carlos Álvarez Escalera.
Esto los llevó a promover un juicio de amparo por denegación de justicia, bajo el número 1448/2015, el cual se ventiló en el Juzgado Segundo de Distrito.
Integración del expediente
Esta autoridad los obligó a continuar con la integración del expediente, sin embargo, el expediente continúa actualmente sin ser consignado a un juzgado penal.
Después de que grúas Cardona se negó a devolver el vehículo, finalmente el dueño de la transportadora terminó por pagar 126 mil 466 pesos y el 15 de julio de este le fue devuelta la unidad.
Dado la cantidad excesiva que exigieron para entregar la unidad, interpusieron un nuevo proceso ante la Dirección General de Tarifas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Ciudad de México, la cual está en trámite, cuyo objetivo es obtener la devolución de lo pagado.
También promovieron una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor, con número de expediente PFC.QUR.B.3/000451-2016, esta fue basada en que no hubo voluntad del consumidor de contratar los servicios de ésta empresa y por lo mismo no existe obligación de pago.
