La detención de Rubén Núñez, secretario General de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se hizo con base en una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.
De acuerdo con la acusación que la PGR hizo contra Núñez ante el Juzgado Octavo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Núñez utilizó al menos 24 millones de pesos de procedencia ilícita.
Para ello, usaron la estrategia denominada “estratificación y concentración” de recursos, para evadir controles de blanqueos de activos y con el claro fin de impedir el conocimiento del origen y movilización de los recursos.
Por estos mismos hechos la PGR detuvo en abril pasado a Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de la sección 22 de la CNTE, a quien el 22 de ese mismo mes le dictaron el auto de formal prisión por el delito de lavado de dinero.
Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de la PGR, informó que Núñez y otros líderes de la CNTE realizaron entre 2013 y 2015 convenios ilícitos entre la Sección 22 de la CNTE y algunas empresas y particulares.
Entre las empresas están Etesa SA de CV; Vasa Holding SA de CV y Administradora de Negocios Monte Albán, además de que hay también algunas otras personas físicas y morales.
Según el funcionario dichas empresas entregaron de en forma directa, indirecta o por interpósitas personas, comisiones quincenales de 3.5%, calculado sobre la cobranza de la quincena respectiva, por ventas, productos y/o servicios a integrantes de la CNTE.
A su vez, a los empleados se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos a través de la nómina que administraba la Sección 22 y era controlada por el Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEPO).
“La conducta que se imputa al referido líder consiste en la adquisición, administración y aprovechamiento de recursos económicos de procedencia ilícita y su posterior aplicación para fines propios”, dijo
Precisó que de acuerdo con los resultados de la investigación las empresas trasferían al líder sindical y a otros líderes de la Sección 22, los montos de la comisión “ilegalmente pactada”, mismos que eran usados para beneficio propio o financiar movilizaciones de sus agremiados.
Por ello, dijo el funcionario, el juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México determinó conceder las órdenes de aprehensión respectivas en abril pasado, al acreditar la ilicitud de estos convenidos que tenían un fin meramente lucrativo.
Dijo que los delitos que se les imputan a los líderes magisteriales, entre ellos Rubén Núñez, es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), en la modalidad de adquirir y administrar recursos, dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 Bis, fracción I, del Código Penal Federal.
Señaló que si bien al momento se acreditó que los recursos económicos de origen o procedencia ilícita asciende a la cantidad de 24 millones de pesos “y un poco más”, estos podrían ascender a los 132 millones de pesos.
