La noche del viernes 22 de octubre de 2004, la sede nacional del PRI (Insurgentes Norte) fue sitiada por simpatizantes de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, para impedir una reunión del Consejo Político partidario en el DF. Ante la imposibilidad de sesionar ahí, más de 300 priistas lo hicieron el día siguiente en el edificio de la FSTSE, donde a toda prisa acordaron que la elección de su nuevo dirigente sería por asamblea de consejeros.
Cuando concluía la asamblea, unos 200 militantes del Movimiento Territorial priista, encabezados por la diputada local Norma Gutiérrez de la Torre, hermana de Cuauhtémoc, irrumpieron en el edificio y atacaron a sillazos a los dirigentes, entre ellos María de los Ángeles Moreno y Fernando de Garay, quienes hubieron de refugiarse en la azotea.
Una semana después, la Comisión de Justicia en el DF, presidida por Miguel González Compeán, suspendió los derechos partidarios de Gutiérrez, medida ratificada en 2005 por la Comisión Nacional de Justicia. Se inició entonces un largo litigio ante los tribunales electorales capitalino y federal y cuando este último iba a ratificar la expulsión, inopinadamente el presidente del PRI, Roberto Madrazo, se desistió pensando que el rijoso líder podía servirle a sus aspiraciones presidenciales.
El violento episodio de 2004 y su desenlace fueron el punto de inflexión que propulsó la carrera de Gutiérrez, quien luego de otros hechos violentos llegó a la dirigencia capitalina del PRI (16/12/12). Ahora, tras de la revelación de que con recursos del partido mantenía una red de edecanes que le prestaban servicios sexuales en las propias oficinas priistas, el líder ha sido separado de su cargo, pero la lenta reacción de las instancias priistas, penales y electorales podría generar un desenlace como el de 2004.
El PRI teme provocar reacciones violentas y, ante la demanda de expulsión presentada por destacados militantes -más de mil, según Marco Michel-, la dirigencia nacional ha accedido a considerarla, pero no lo hará sino hasta el 16 de mayo. El PRI no ha estado solo en su temor, sino acompañado por las autoridades de la ciudad que ni antes ni ahora han actuado contra los desmanes del grupo violento de Gutiérrez, e incluso Marcelo Ebrard ha sido acusado de financiarlo.
Así, más de dos semanas después de haberse revelado la actividad presumiblemente delictiva del líder priista, el ministerio público del DF se ha limitado a tomar declaraciones y practicar una revisión ocular. En tanto, el Instituto Electoral del DF también ha sido omiso, aun cuando ha iniciado un burocrático procedimiento sancionador. Habida cuenta de que las chicas contratadas para servicio sexual fueron pagadas con recursos del partido y éstos los otorga ese instituto -$63.5 millones en 2014-, lo que el IEDF debió hacer desde que conoció el caso fue acordar una inmediata auditoría a las finanzas partidarias, pero el temor parece haberlo frenado.
