La fianza de siete millones de pesos que se le impuso a tres jornaleros de San Quintín, Baja California, detenidos el pasado sábado 9 de mayo durante un enfrentamiento con policías estatales “no es ni racional ni proporcional”, dijo el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio.
“Una fianza como esta debe ser objetiva en razón del cumplimiento de una norma; no parece ni proporcional ni racional”, señaló al indicar que hay mecanismos judiciales para que pueda reconsiderarse.
Al comentar que en este caso el Conapred no puede intervenir debido a que hay una queja abierta por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que ha dialogado con este organismo autónomo y le ha ofrecido el apoyo que requiera si hay discriminación.
Consideró que el asunto requiere “una atención especial por parte de las autoridades que van a dirimir el conflicto tanto en derechos laborales,como incluso ahora de acceso a la justicia, la detención y la fianza que han solicitado a los jornaleros agrícolas que fueron detenidos en las protestas”.
El titular del Conapred manifestó que estas personas viven una discriminación múltiple, pues casi todas son indígenas que están fuera de su territorio, no tienen igualdad de condiciones para negociar con los empleadores, y otras situaciones de vulnerabilidad que los pone en mayor riesgo.
“Históricamente ha sido un grupo que está en una desventaja en condiciones laborales, yo lo que espero es que esta situación ayude a regularizarlos, no pueden ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos para todos”, opinó.
Por ello, Ricardo Bucio dijo que las autoridades federales y locales tienen la responsabilidad de impulsar y lograr hacer un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.
