La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 13/2015 dirigida al Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, y a los integrantes del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal, cometidas en agravio de un comunicador maya de esa entidad federativa.
En un comunicado indicó que el 28 de agosto de 2014 el agraviado interpuso una queja ante la CNDH. Denunció amenazas por parte de dos personas, una de ellas servidor público, quienes le enviaron mensajes intimidatorios y lo involucraron en el bloqueo de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, ocurrido del 11 al 19 de agosto, evento que cubrió.
Señaló que servidores públicos de esa entidad lo inculparon de ser el organizador de la manifestación y del bloqueo. El día 22 de ese mismo mes se ejerció acción penal en su contra y de otras dos personas por el delito de sabotaje. Fue detenido y recluido en la cárcel pública unicipal. Como el delito de sabotaje es considerado grave, el agraviado no tuvo derecho a la libertad provisional bajo caución.
A fin de probar la participación del comunicador en dicho delito, la autoridad consideró un peritaje de “criminalística de campo, fotografía, valuación y extracción de información”, y cuatro testimonios.
Al analizar el caso, la CNDH concluyó que son insuficientes para imputar el delito de sabotaje y constituyen acciones desproporcionadas de la autoridad ministerial que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión de quien documenta y difunde cuestiones públicas.
En la recomendación determinó que un servidor público emitió comentarios en la red social Twitter que tuvo como propósito estigmatizar y descalificar al agraviado por documentar y emitir opiniones sobre asuntos de interés público, y forman parte de los actos que de conformidad con diversos organismos internacionales deben ser investigados y, eventualmente, sancionados.
Por ello, en su recomendación la CNDH pidió al Gobernador de Quintana Roo instruir al Procurador General de Justicia de esa entidad para que, en atención a las violaciones a derechos humanos acreditadas y que han trascendido a la situación jurídica actual del agraviado, se haga valer esta circunstancia en la causa penal lo antes posible para que pueda ser tomada en cuenta por el Juez correspondiente.
También solicitó reparar el daño a la víctima; la implementación de cursos sobre la relevancia de la libertad de expresión en esa entidad federativa y colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados y de quien resulte responsable.
