El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la nueva Ley General de Transparencia, la cual obliga a las autoridades de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, sindicatos y a cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos a transparentar la información que generen.
"Se trata de un avance institucional y muy significativo, toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia. Los mexicanos tienen derecho a conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos, tienen derecho a saber qué hacen sus autoridades y cuáles son sus resultados", dijo el mandatario este lunes.
"La transparencia es solo uno de los elementos de un paradigma aún más amplio: el gobierno abierto. Los gobiernos abiertos son la nueva frontera de nuestra democracia. Son un nuevo modelo colaborativo que está transformado la manera en la que interactúan los ciudadanos y autoridades", agregó.
La #LeyGeneraldeTransparencia permitirá que el Estado Mexicano en su conjunto, adopte el nuevo paradigma de los Gobiernos Abiertos.
— Presidencia México (@PresidenciaMX) Mayo 4, 2015
La ley define cómo deberá actuar el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para atraer casos de todo nivel de gobierno, no solamente del federal.
"(El instituto será una organización) autónoma, independiente y ciudadana con nuevas atribuciones, un catálogo mayor de sujetos obligados y la posibilidad de vigilar el debido cumplimiento del mandato constitucional que estipula que todas las personas físicas o morales que reciban recursos públicos deberán de rendir cuentas", dijo su presidenta, Ximena Puente de la Mora.
La ley se empezó a construir tras la promulgación de la reforma constitucional en esta materia, en febrero de 2014.
Esta norma establece los puntos finos de dichos cambios a la Constitución, como bajo qué reglas ejercerá sus funciones el IFAI, qué obligaciones específicas tendrán los sujetos obligados y cuáles serán las causales para que cierta información se declare reservada por asuntos como la seguridad nacional.
