Una corte federal de apelaciones ratificó la determinación de un tribunal de primera instancia de que pescadores de tres estados mexicanos no pueden demandar a BP y otras compañías por daños ocasionados por un derrame de petróleo en el Golfo de México en 2010.
La corte ratificó que el gobierno federal de México es propietario de la propiedad dañada y que los tres estados - Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo- no tienen personalidad jurídica para presentar tal demanda.
El fallo estipula que la demanda de 2010 pide indemnización por daños existentes o futuros, incluidos costos de limpieza y daño a la vida silvestre y las costas.
Hace pocas semanas, 25 mil pescadores de 62 cooperativas mexicanos (incluido Chiquilá y Holbox, de Quintana Roo) demandaron a BP, exigiendo 50 mil dólares para cada afectado por la merma en producción ocurrida desde el mayor derrame en la historia. La denuncia fue interpuesta poco antes de que expirara el plazo para que personas reclamen indemnizaciones por este hecho, el próximo 8 de junio.
DESASTRE
El pasado 20 de abril se cumplieron cinco años desde que el mundo se enteró que la plataforma petrolera Deepwater Horizon había estallado mientras sacaba crudo del yacimiento submarino Macondo, en pleno Golfo de México. En las siguientes semanas, la instalación petrolera de la empresa británica BP arrojó más de tres millones de barriles de crudo al mar.
El impacto del accidente, que habría sido ecológicamente muy grave en cualquier parte del mundo, se convirtió también en una catástrofe económica para miles de pescadores y comunidades costeras, lo que ha derivado en demandas multimillonarias que aún se disputan en los estrados.
Los daños en el Golfo de México aún son visibles hoy: hay bultos con alquitrán en los pantanos de Luisiana, se han triplicado las muertes de delfines, los corales de aguas profundas han mermado en población, diversos pecdes han desarrollado enfermedades cutáneas y las tortugas marinas casi no anidan en el Golfo, desde el desastre.
En un sitio web montado por la petrolera para informarle al público de su respuesta ante el accidente, BP asegura que ya ha pagado cerca de 27 mil millones por el derrame. Sin embargo, nada de ese dinero, ni en compensaciones, limpieza o estudios, le ha tocado a México o a los pescadores mexicanos.
Poco después de ocurrida la tragedia, el entonces presidente Felipe Calderón descartó que fuera a demandar a BP, pese a que Estados Unidos le impuso una multa ambiental que superó todos los récords, y que el daño fue regional y afectó directamente a productores mexicanos.
MÉXICO SÍ DEMANDÓ
Aunque el actual gobierno había mantenido esta demanda en absoluto sigilo, BP reveló que México mantiene una demanda civil activa en cortes estadounidenses contra ellos y una decena de compañías asociadas, a las que culpa de haber causado serios daños al entorno ecológico, económico y social en estados como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán (se excluye a Quintana Roo).
La queja judicial (2:13-CV-01441-CJB-SS) fue interpuesta por la administración de Enrique Peña Nieto en abril de 2013, reclamando que los daños de Macondo y Deepwater se extenderán al turismo y las industrias pesqueras, además de la "destrucción, daño y pérdida" de hábitats costeros, costas, manglares y especies como aves, tortugas marinas, mamíferos y corales en todas las entidades del Golfo.
No se precisa a detalle cuánto dinero podría solicitar el gobierno mexicano, aunque de manera simbólica se citan 9 millones 999 mil dólares como una base de la cual partir.
Sin tomar en cuenta los costos de remediación y otros cargos punitivos, el gobierno mexicano reclama el pago por operaciones navales y aéreas de las siguientes dependencias: Conagua, por estudios científicos, no menos de 161 mil 102 dólares; Instituto Mexicano del Petróleo, por estudios de laboratorio, un millón 657 mil 222 dólares; Secretaría de Marina, por sobrevuelos y campaña oceanográfica, un millón 914 mil 334 dólares; Semarnat por trabajos, entrenamiento y otras actividades, 3 millones 329 mil dólares; e Instituto Nacional de Ecología, por estudios de largo plazo y monitoreo, 4 millones 303 mil 599 dólares.
Para llevar la demanda, el gobierno mexicano contrató a los despachos Schulte, Roth &Zabel de Nueva York y Adams, Hoefer, Holwaden & Eldridge de Nueva Orleans.
