La violencia que vivió ayer el estado de Jalisco muestra la necesidad de que el Estado mexicano implemente una estrategia integral para arrebatarle el territorio nacional a los cárteles del narcotráfico y evitar que las acciones de estos grupos sean cada vez más directas hacia la sociedad civil, plantearon especialistas en seguridad consultados por SinEmbargo. Ahora, lo que se debe evitar, expresaron, es que de se pase de hechos violentos al “narcoterrorismo”.
Los expertos consideraron que el Estado ha fallado en su estrategia para combatir al crimen organizado en los últimos nueve años y, si no logra aterrizarla, al país le esperan más años de violencia y eventos sangrientos. La táctica desplegada desde el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y seguida por el de Enrique Peña Nieto, destacaron, sólo ha provocado un desplazamiento de los cárteles de un estado a otro, provocando enfrentamientos entre los distintos grupos criminales.
“Me queda claro que [el Estado] tiene que tomar el control del territorio y no estamos hablando nada más de la lucha antidrogas; la delincuencia organizada controla 26 tipos distintos de delitos que no sólo son drogas, también es secuestro, extorsión, piratería y otros que les dejan el control de los mercados ilícitos; no sólo estamos hablando de drogas sino de un control más fuerte”, expresó Samuel González Ruiz, ex jefe de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, antecesora de la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada].
“La fuerza de los grupos de narcotraficantes no ha disminuido por más que se haga por parte de las autoridades federales un balance positivo. A pesar de las detenciones de los líderes y organizaciones no implica que la fuerza haya disminuido. El descabezamiento no acaba con los grupos eso es lo que no se quiere ver. El hecho de privar de la vida o de la libertad a algún líder no termina con el fenómeno; una forma de expresarlo por parte de las organizaciones de la delincuencia organizada parte de esa fuerza son este tipo de sucesos que estamos viendo, como los narcobloqueos, esta es una muestra de la capacidad de respuesta que pueden tener las organizaciones delictivas cuando se intenta hacer una operación en su contra”, dijo por su parte Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
El tipo de violencia registrada el viernes, dijeron, muestra que Jalisco se ha vuelto a convertir en el “gran territorio” disputado por los cárteles de la droga, como lo fue entre los años setenta y ochenta cuando se asentaron en la entidad grandes capos como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero –actualmente prófugo–, y Ernesto Fonseca Carrillo.
Ayer, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) paralizó Jalisco en un ataque coordinado que incluyó 39 narcobloqueos o intentos de incendios en 25 de los 125 municipios de la entidad, el derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuatro enfrentamientos, siniestros en 11 bancos, una caja popular, 16 gasolinerías, 19 detenidos y siete muertos.
Los bloqueos fueron en respuesta al “Operativo Jalisco”, iniciado ayer por autoridades federales para detener a integrantes de grupos criminales. Colima y Guanajuato también reportaron hechos violentos.
Jalisco cumplió ayer 40 días continuos de violencia desatada por el CJNG. El repunte de la violencia comenzó el 19 de marzo pasado, cuando gendarmes federales se enfrentaron con integrantes del cartel en el municipio de Ocotlán, lo que dejó un saldo once muertos, entre ellos cinco agentes, tres delincuentes y tres civiles ajenos a los hechos.
Cuatro días después fue abatido Heriberto Acevedo Cárdenas, alias el “Gringo” y presunto operador del CJNG.
Según la Fiscalía, ese cártel también estuvo detrás de una emboscada perpetrada el 6 de abril, en la que quince policías de un grupo de elite murieron y otros cinco resultaron heridos al ser sorprendidos en una carretera por 80 hombres con armas de alto poder e instruidos con tácticas militares.
El pasado 30 de marzo, el comisionado de Seguridad en Jalisco, Alejandro Solorio, sufrió una emboscada en el municipio de Zapopan, por el que fueron detenidos 15 sospechosos.
Tras este hecho, el Gobierno estatal redobló la seguridad en todo el estado y puso en alerta a sus 18 mil policías estatales y municipales, entre ellos 2 mil que pertenecen a la Fuerza Única, y apoyados por el Ejército y la Policía Federal (PF).
También ayer, mientras Jalisco era sacudido por la violencia, Ulises Fabián Quiróz, candidato de la coalición Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la Alcaldía de Chilapa, Guerrero, fue asesinado a balazos en la comunidad de Atzacoaloya. De acuerdo con reportes periodísticos, hombres armados dispararon contra el candidato en un acto de campaña.
En ese mismo municipio, el pasado sábado 25 de abril, el candidato a la gubernatura de Guerrero por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto, fue encañonado junto con su equipo de campaña por un grupo de hombres durante un acto proselitista.
Tanto Ruiz González como Barrón Cruz consideraron que los hechos en Jalisco muestran que desde la administración de Felipe Calderón no ha existido una debida aplicación de los recursos para combatir al narco, pues de nada sirve tener en la calle a todas las fuerzas de seguridad disponibles y comprar más armamento si no existe un control, por ejemplo, de qué hacen los municipios y los estados con los recursos que les otorga la Federación para el combate al crimen.
Cuatro estudios elaborados por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, realizados entre 2007 y 2012, revelan que durante el sexenio de Calderón Hinojosa se gastaron más de 320 mil millones de pesos para preservar la seguridad nacional, lo que en su momento representó 18.7 veces la ayuda entregada por Estados Unidos a México a través de la Iniciativa Mérida (1,300 millones de dólares).
En este punto, los expertos destacaron que por un lado no existe un control y distribución adecuada de los recursos destinados al combate al crimen y por otro las fuerzas policiales son insuficientes para enfrentar el número de sicarios y arsenal con el que cuenta la delincuencia organizada en México, en cuyo poder existen armas del llamado “calibre 50”, capaces de traspasar el blindaje de los tanques del Ejército.
“El gasto se hizo de manera equivocada, al problema del sexenio pasado fue que la política del Estado aumentó la delincuencia organizada y se puede determinar porque entre más se gastaba en la lucha contra la delincuencia había más violencia y ese es el problema”, manifestó el ex titular de la SEIDO.
En su libro Escuadrones de la muerte, presentado en 2012, el Diputado federal con licencia, Ricardo Monreal Ávila, documentó que en el país existían 200 mil sicarios incrustados en siete grandes cárteles, en 25 grupos locales y al menos 180 grupos diseminados a lo largo del territorio nacional.
Ese mismo año, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), México contaba con 544 mil elementos federales, estatales y municipales; es decir, 2.7 agentes del Estado por cada sicario al servicio de la delincuencia organizada.
“Hay que ver e flujo económico en ciertas regiones del país. Obviamente este ejercicio [los bloqueos] en tantas ciudades es precisamente eso: una demostración de poder, de que ahora el CJNG es poderoso y que tiene la posibilidad de enfrentar a las autoridades, esto ya se venía venir hace un par de meses, pero Tamaulipas –otra de las entidades donde se registraron enfrentamientos esta semana– y Jalisco no figuraban como los primeros cinco más violentos, había otros, y llama mucho la atención que no estuvieran contempladas en los primeros lugares porque son dos de las entidades donde las organizaciones criminales se están disputando cierto poder”, observó Martín Barrón.
El experto agregó que el caso de Jalisco es más significativo ya que “es el punto económico” por donde pasa toda la droga sintética que viene de Asia, “llega a Michoacán, Colima o Nayarit y se distribuye a través de Jalisco”.
El investigador del Inacipe no es el único que aseguró que hechos de violencia como los de ayer eran previsibles desde hace tiempo: hace un año, ya durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, el Banco Mundial (BM) alertó, después de un análisis de 20 años en más de 2 mil municipios mexicanos, que la desigualdad estaba disparando la violencia.
La investigación “La desigualdad del Ingreso y el Delito Violento: Evidencia de la Guerra contra las Drogas de México”, publicada en 2014, sostiene que la pobreza y la desigualdad aumentaron la violencia en el país.
“Desde el punto de vista costo-beneficio, los beneficios de la delincuencia también son mayores en las sociedades más desiguales, mientras que el costo potencial (las probabilidades de ser atrapado o tener que sobornar a la policía para evitar la detención, por ejemplo) es más bajo”, cita el estudio también retomado por la Universidad de Harvard.
El trabajo del Banco Mundial tomó una muestra de los ingresos de 2 mil municipios mexicanos a lo largo de 20 años y concluyó que de 1990 al 2005, el nivel de homicidios siguió una tendencia a la baja, pero esta situación se revirtió entre 2005 al 2010, cuando las cifras de homicidio incrementaron de 11 a 18 por cada 100 mil habitantes.
Con relación al trabajo del Banco Mundial, Journalistresource un proyecto para periodistas impulsado por la Universidad de Harvard concluyó que “mientras que el número de homicidios relacionados con las drogas ha comenzado a descender o a declinar bajo la Presidencia de Enrique Peña Nieto, elegido en 2013, la violencia sigue siendo endémica en algunas partes de México”.
A través de una publicación el proyecto periodístico evidencia también el papel del ex Presidente Felipe Calderón y su “Guerra contra el narcotráfico”, que derivó en la muerte de 60 mil personas entre el 2006 y el 2012, así como de 26 mil mexicanos desaparecidos.
