El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sostuvo que en la investigación de la empresa Oceanografía, en la cual se relaciona a Petróleos Mexicanos (Pemex), se ha actuado conforme marca la ley para no dañar a la paraestatal y a unos 11 mil trabajadores.
Ante diputados federales de cuatro comisiones, explicó que “garantizamos que Pemex no sufra menoscabo en su operación y garantizamos que los acreedores, los demás acreedores que pudiera haber tengan una opción de salida que pueda darle al país simplemente un incidente penal sin perturbar de mayor manera la economía”.
El funcionario federal reconoció que en lo que están más atrasados en la PGR es en la fijación de responsabilidades, porque una consignación amerita sustento en evidencias claras y creíbles, lo que se logra con análisis técnico, muestras científicas y evidencias concretas.
Lo anterior, detalló, para que la consignación no sea fácilmente rebatida y provoque la libertad de quienes pueden ser responsables, y al tratarse de cuestiones complejas como la contabilidad, el análisis de recursos financieros, la búsqueda en otros países y la petición de información de todas las posibles causas hace que “vayamos despacio”.
Sin embargo, Murillo Karam afirmó que es un trabajo preciso en la búsqueda de algo fundamental para el país, que es detener a los responsables y hay una autoridad que se encarga de garantizar el respeto a los bienes públicos y privados.
“Detener a los responsables para que quede claro un mensaje y que no haya impunidad, que hay autoridad que revisa que las cosas se hagan con honestidad, claridad y que los recursos del banco, de cualquiera de las empresas del país o de cualquier particular deben ser respetados y que una autoridad se encarga de garantizarlo”, dijo.
En su participación, el titular de la PGR señaló que lo que a él le corresponde en esta comparecencia es hablar de que lo que se busca, las responsabilidades de quienes hayan cometido conductas tipificados como delitos.
Sin embargo, dijo que en casos como el de Oceanografía, la trascendencia de la búsqueda de responsabilidades pudiera afectar seriamente el desarrollo adecuado de partes fundamentales de la sociedad.
Por ello, estableció que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene que actuar con mucho más responsabilidad.
De acuerdo con la investigación y la manera en cómo se inició fue porque desde el momento de la falta de pago, 10 por ciento de fianzas, prendió las alarmas del banco y encontró que los documentos con que les estaban garantizando el posible pago de un adeudo eran falsificados y que esto alerta al banco para presentar una denuncia, refirió.
En ese sentido, dijo que la Procuraduría actuó lo más rápido posible pero al mismo tiempo con toda la prudencia.
“Lo que se encontró es que había una enorme cantidad de millones de dólares que habían sido defraudados en razón de que estaban garantizados con estimaciones presupuestales falsas”, expuso.
El abogado de la nación señaló que de haber actuado simplemente en la forma que se hace generalmente en la causa de los delitos, la Procuraduría hubiera fincado responsabilidades y solicitado orden de aprehensión.
Sin embargo, actuar así pudo haber dañado seriamente a los trabajadores de la paraestatal, es decir, a 11 mil trabajadores, consideró Murillo Karam.
“Pudiéramos haber dañado la operación de Pemex, pudimos haber evitado el posible rescate de los recursos e incluso hubiera sido más difícil el procesamiento de los responsables”, concluyó.
