Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026.— Una conversación sobre millones y porcentajes colocó nuevamente a Guadalupe Taddei en el centro del escándalo por los contratos del Instituto Nacional Electoral. En la grabación difundida el 2 de noviembre, el empresario José Alfredo Hernández Casillas plantea frente a la exconsejera presidenta una distribución de dinero relacionada con la credencial para votar.
“Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?”, expresa el contratista mientras revisa cantidades anotadas. La investigación periodística vincula ese intercambio con presuntos beneficios personales derivados de contratos del organismo electoral.
El contenido exhibe una cercanía que rebasa las reuniones sociales previamente difundidas. Esta vez, el empresario habla de cantidades, participaciones y proyectos vinculados con servicios del INE, frente a quien encabezaba la institución encargada de organizar las elecciones federales.
La grabación, fechada por la investigación el 16 de febrero, incluye referencias a credenciales para mexicanos en el extranjero y a servicios relacionados con los códigos QR del documento electoral. Hernández Casillas describe los negocios en los que tendría interés y menciona porcentajes que, según el reportaje, corresponderían a los involucrados.
La nueva difusión ocurre después de que Taddei presentara su renuncia a la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de los cuestionamientos por su relación con el contratista y posibles conflictos de interés. Al dejar el cargo, sostuvo que tenía una trayectoria transparente y negó las acusaciones en su contra.
A la controversia se suman reportes periodísticos que sitúan a Taddei fuera de México. Esas publicaciones señalan que, después de trasladarse a Sonora, habría cruzado a Estados Unidos y permanecido en Arizona. Su salida del país no cuenta con confirmación oficial en la información consultada y existen versiones distintas sobre la ruta que habría seguido.
La renuncia cerró su etapa al frente del instituto, pero dejó abierto el cuestionamiento sobre la relación entre el poder administrativo y los proveedores electorales. El nuevo video profundiza esa crisis al mostrar una conversación en la que los contratos públicos aparecen ligados a cálculos de beneficios particulares.
El costo político alcanza también al INE. La institución cuya función exige imparcialidad enfrenta señalamientos sobre el manejo de sus recursos y la cercanía de su antigua presidenta con un proveedor. Las responsabilidades penales o administrativas siguen pendientes de determinación.
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