Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.— La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y conflictos de interés, ha colocado bajo revisión una de las decisiones más controvertidas de la mayoría legislativa de Morena: la reforma que concentró en la presidencia del organismo facultades que anteriormente correspondían al Consejo General.
Ahora, legisladores del propio partido gobernante reconocen la posibilidad de revisar esas atribuciones, conocidas como los “superpoderes”, mientras la oposición exige restablecer los mecanismos de control interno que fueron modificados en 2024.
La controversia tiene un antecedente preciso. El 8 de octubre de 2024, el Senado aprobó modificaciones a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a partir de una reserva presentada por el senador morenista Pável Jarero Velázquez.
La reforma permitió a quien encabezara el INE designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin obtener previamente los ocho votos del Consejo General que exigía el procedimiento anterior.
Con ello, decisiones relevantes sobre la integración administrativa del organismo dejaron de depender del consenso entre consejeros y pasaron a concentrarse en su presidencia.
DOS AÑOS DESPUÉS, LA REFORMA VUELVE AL CENTRO DEL DEBATE
La renuncia de Taddei, tras los cuestionamientos relacionados con contrataciones y posibles conflictos de interés, reactivó las críticas sobre los riesgos de concentrar facultades administrativas en una sola autoridad.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, manifestó disposición para discutir una eventual modificación legislativa que permita revisar esas atribuciones.
Sin embargo, Monreal rechazó que la reforma de 2024 hubiera constituido necesariamente un error. Argumentó que respondió a circunstancias específicas y sostuvo que las leyes pueden revisarse conforme cambian las necesidades institucionales.
En el Senado, el vicecoordinador morenista Óscar Cantón Zetina también reconoció que las disposiciones legales son perfectibles, aunque defendió que la reforma buscaba facilitar el funcionamiento del organismo electoral.
Las posiciones dentro de Morena no son uniformes.
Pável Jarero, promotor de la modificación original, sostuvo que no se arrepiente de haberla impulsado. Explicó que su propósito fue evitar confrontaciones internas y permitir que la presidencia integrara su equipo de trabajo.
El legislador señaló que las posibles irregularidades deben investigarse y sancionarse cuando existan pruebas, sin considerar que ello invalide automáticamente el diseño legal aprobado.
Por su parte, la senadora Margarita Valdés rechazó regresar al esquema anterior, al considerar que deben distinguirse las responsabilidades individuales de las facultades institucionales.
LA OPOSICIÓN EXIGE DEVOLVER LOS CONTRAPESOS
Desde el PAN, el coordinador parlamentario Ricardo Anaya cuestionó la concentración de atribuciones y exigió devolver al Consejo General su participación en los nombramientos estratégicos del INE.
Anaya responsabilizó políticamente a Morena de haber aprobado una reforma que, desde su perspectiva, debilitó los mecanismos internos de vigilancia y facilitó las condiciones para las presuntas irregularidades denunciadas.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, anunció una iniciativa para retirar esas facultades extraordinarias a la presidencia del organismo y restablecer el sistema de decisiones colegiadas.
La oposición sostiene que la discusión no debe limitarse a la salida de Guadalupe Taddei, sino extenderse al funcionamiento institucional y a las condiciones que permitieron concentrar decisiones administrativas.
EL OBSTÁCULO DEL PROCESO ELECTORAL DE 2027
La eventual reforma enfrenta además un debate jurídico.
Ricardo Monreal ha advertido que el proceso electoral de 2027 ya comenzó y que el artículo 105 constitucional establece restricciones temporales para modificar leyes electorales fundamentales.
Desde la oposición, legisladores como Rubén Moreira sostienen que una modificación relativa a los nombramientos internos del INE no necesariamente alteraría las reglas fundamentales de la competencia electoral.
La diferencia es relevante porque determinará si el Congreso puede modificar estas atribuciones durante el proceso electoral o deberá esperar a que concluya.
Mientras tanto, la nueva presidencia provisional del INE, encabezada por Blanca Yassahara Cruz García, anunció medidas para revisar nombramientos, fortalecer la cooperación con las investigaciones y recuperar la toma colegiada de decisiones.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA NO TERMINA CON UNA RENUNCIA
La discusión legislativa también plantea una cuestión de rendición de cuentas.
La reforma de 2024 fue aprobada mediante un procedimiento parlamentario y produjo consecuencias concretas sobre la distribución de facultades dentro del INE. Su eventual modificación no elimina la necesidad de explicar las razones de aquella decisión ni de revisar los nombramientos y contratos realizados bajo el nuevo esquema.
Tampoco significa que las irregularidades denunciadas estén acreditadas. Las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales deberán determinarse mediante investigaciones y procedimientos legales.
El desafío para Morena y las demás fuerzas parlamentarias será definir si el organismo electoral debe recuperar el modelo de nombramientos colegiados o conservar un sistema de designaciones concentrado en su presidencia.
En el fondo, la controversia trasciende a Guadalupe Taddei. Lo que está en discusión es hasta dónde puede llegar la autoridad de una sola persona dentro de una institución constitucionalmente autónoma y qué controles deben existir para evitar conflictos de interés y garantizar decisiones transparentes.
El Congreso tiene ahora frente a sí una reforma que su propia mayoría aprobó hace dos años y cuya continuidad vuelve a ser objeto de disputa política.
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