Chetumal, Quintana Roo, 26 de octubre de 2026.— La XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo abrió el análisis de dos iniciativas que buscan fortalecer el sistema educativo estatal, mediante la incorporación obligatoria de la educación socioemocional en las aulas y la actualización de las disposiciones legales que regulan la infraestructura de los planteles escolares particulares.
Durante la sesión ordinaria número 16, los legisladores conocieron propuestas orientadas a atender dos desafíos del sector educativo: la prevención del acoso escolar y los riesgos psicosociales entre las juventudes, así como la necesidad de contar con procedimientos administrativos más claros y eficientes para garantizar la seguridad de los espacios de enseñanza.
EDUCACIÓN EMOCIONAL COMO HERRAMIENTA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
La diputada Jimena Lasa Aguilar presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, con el propósito de incorporar obligatoriamente el autoconocimiento y la educación socioemocional en los planes de estudio.
La propuesta parte de la importancia de que niñas, niños y adolescentes desarrollen habilidades para identificar, comprender y regular sus emociones, fortalecer sus relaciones interpersonales y enfrentar situaciones de conflicto dentro y fuera de las escuelas.
Entre sus objetivos destaca la prevención del acoso escolar, la detección temprana de factores de riesgo psicosocial y la reducción de condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el desarrollo integral de las juventudes.
De avanzar en el proceso legislativo, esta reforma permitiría fortalecer el enfoque preventivo de la educación, reconociendo que el bienestar emocional constituye un componente fundamental de la formación académica y de la convivencia escolar.
La iniciativa también plantea una visión más amplia de la seguridad educativa, en la que la prevención de la violencia no dependa exclusivamente de medidas disciplinarias, sino también del desarrollo de capacidades personales y sociales entre el alumnado.
BUSCAN MODERNIZAR LAS REGLAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
En la misma sesión, el diputado Jorge Sanén Cervantes impulsó una iniciativa para reformar los artículos 21 y 22 de la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo.
El proyecto propone actualizar el marco jurídico estatal mediante la eliminación de referencias a disposiciones federales que han sido abrogadas, evitando inconsistencias normativas que puedan generar incertidumbre en los procedimientos administrativos.
Uno de los puntos centrales consiste en homologar la vigencia de los certificados de calidad de infraestructura de las escuelas particulares con los plazos establecidos en su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
Con ello se pretende facilitar los procesos de refrendo, reducir trámites desfasados y ofrecer mayor certeza jurídica a las instituciones educativas, sin dejar de lado las exigencias relacionadas con la seguridad y las condiciones estructurales de los inmuebles.
La actualización normativa busca que los procedimientos de supervisión y certificación respondan a criterios legales vigentes, favoreciendo una administración educativa más ordenada y eficiente.
PAUL ANDRE QUINTERO MARI RINDE PROTESTA COMO DIPUTADO
Como parte de los trabajos parlamentarios, el Pleno del Congreso también tomó protesta de ley a Paul Andre Quintero Mari, quien asumió formalmente el cargo de diputado de la XVIII Legislatura.
Su incorporación se realizó durante la misma sesión en la que fueron presentadas las propuestas educativas, que deberán continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de una eventual aprobación.
EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y CERTEZA JURÍDICA EN LA AGENDA LEGISLATIVA
Las dos iniciativas colocan en la discusión parlamentaria asuntos que inciden directamente en la comunidad educativa de Quintana Roo.
Por una parte, la educación socioemocional plantea fortalecer las herramientas de prevención y atención de problemáticas que afectan la convivencia y el desarrollo de los estudiantes.
Por otra, la modernización de las normas de infraestructura pretende simplificar procedimientos administrativos y mantener condiciones adecuadas de seguridad en los planteles particulares.
El análisis legislativo permitirá determinar el alcance de ambas reformas, sus mecanismos de aplicación y las responsabilidades que corresponderían a las autoridades educativas.
Con estas propuestas, el Congreso de Quintana Roo incorpora a su agenda dos vertientes complementarias del derecho a la educación: el bienestar integral del alumnado y la certeza jurídica sobre las condiciones en que operan los centros escolares.
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