Chihuahua, 19 de octubre de 2026.— Un juez de control determinó que el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, podrá enfrentar en libertad el procedimiento penal estatal relacionado con el operativo antidrogas de El Pinal. Sin embargo, la resolución no significó su salida de custodia, debido a la ejecución de una orden de aprehensión federal vinculada con la presunta participación no autorizada de agentes estadounidenses.
La decisión judicial abrió un nuevo capítulo en un caso que rebasa el ámbito penal y coloca bajo escrutinio la colaboración entre autoridades mexicanas y agencias de Estados Unidos, así como los límites de esa relación en materia de seguridad y soberanía.
El juez rechazó imponer prisión preventiva dentro del procedimiento estatal y estableció medidas cautelares que incluyen firma mensual, restricciones para salir del país, entrega de pasaporte y visa estadounidense, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con testigos.
La audiencia para determinar si Jáuregui será vinculado a proceso quedó programada para el jueves 22 de octubre. La resolución sobre las medidas cautelares no constituye una absolución ni resuelve el fondo de las imputaciones.
El expediente tiene como antecedente el operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde se intervino un presunto narcolaboratorio. La controversia surgió por la presunta participación de agentes de la CIA sin autorización federal y adquirió mayor dimensión después de que dos estadounidenses y dos funcionarios mexicanos murieran en un accidente carretero posterior al despliegue.
En el ámbito federal, la Fiscalía General de la República investiga al exfuncionario por presuntos hechos constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Las acusaciones deberán ser acreditadas ante los tribunales y Jáuregui conserva la presunción de inocencia.
La presencia de fuerzas federales y estatales en el operativo, referida en las declaraciones que el propio exfiscal ofreció en abril, añade una pregunta central sobre la coordinación institucional. En aquel momento, Jáuregui negó que los estadounidenses hubieran participado en el despliegue y sostuvo que impartían capacitación sobre drones en una comunidad cercana.
Esa versión, frente a las acusaciones posteriores, obliga a esclarecer qué autoridades conocieron la presencia de los extranjeros, quién autorizó su colaboración y qué información circuló entre los distintos niveles de gobierno.
En el terreno político, la investigación también plantea interrogantes sobre las posibles reacciones de las agencias estadounidenses ante las decisiones del Gobierno mexicano de investigar y llevar ante los tribunales una colaboración de esta naturaleza. La exposición de sus actividades podría generar fricciones; sin embargo, no hay evidencia pública suficiente para sostener que el proceso contra Jáuregui sea resultado de presiones o represalias de esas agencias.
El alcance del caso dependerá tanto de las pruebas contra el exfiscal como del esclarecimiento de la cadena de decisiones que hizo posible el operativo. La responsabilidad política exige explicar la actuación de todas las instituciones involucradas y los mecanismos de supervisión de la cooperación internacional.
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