Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026.— La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de la Aduana de Ciudad Juárez, al señalarlo por presuntamente utilizar favores políticos e influencia para beneficiar a una organización vinculada al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
El señalamiento coloca bajo escrutinio los mecanismos de vigilancia sobre quienes ocupan puestos estratégicos en la frontera y plantea una exigencia de rendición de cuentas para la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
El Departamento del Tesoro estadounidense sostiene que Buenrostro mantenía una relación cercana con José Ángel Rivera Zazueta, identificado por esa dependencia como dirigente del Cártel de Sinaloa. Según la acusación administrativa, el exservidor público habría empleado sus conexiones para impulsar la estructura criminal de ese operador.
La OFAC también sancionó a Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, empresa que vincula con Buenrostro. La medida forma parte de una acción contra 21 personas y 25 entidades señaladas como integrantes o facilitadoras de redes del Cártel de Sinaloa.
Buenrostro desempeñó responsabilidades de operación y administración en la Aduana de Ciudad Juárez durante 2025 y dejó la institución en enero de 2026. Su paso por una oficina encargada de controlar el movimiento fronterizo de mercancías hace necesario revisar cómo fue seleccionado y qué supervisión recibió durante su gestión.
El expediente patrimonial añade otro punto de interés público. De acuerdo con información publicada sobre su declaración, reportó ingresos mensuales por 187 mil 504 pesos: 34 mil 254 correspondían a su puesto público y 153 mil 250 a servicios profesionales, consultorías y asesorías.
La diferencia no demuestra por sí misma una irregularidad. Sin embargo, justifica examinar la compatibilidad de esas actividades con sus responsabilidades aduaneras y la existencia de posibles conflictos de interés.
La Unidad de Inteligencia Financiera también realizó un bloqueo preventivo. Estas medidas financieras no equivalen a una sentencia penal ni sustituyen una investigación que determine responsabilidades.
La dimensión política del caso alcanza a los controles institucionales. Corresponde esclarecer quién evaluó su perfil, cómo se vigiló su desempeño y qué revisión recibieron sus actividades e ingresos externos. Una respuesta suficiente exige documentos, auditorías y resultados verificables.
El combate a la corrupción aduanera pierde credibilidad cuando se limita a anunciar relevos. El señalamiento contra Buenrostro exige investigar su conducta y revisar si los mecanismos de control fueron capaces de detectar posibles usos de la función pública en beneficio de intereses criminales.
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