Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.– La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, con lo que alcanzó la mayoría calificada necesaria para avanzar dentro del proceso de reforma constitucional.
La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Las personas que tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas a alguno de los cargos incluidos en la reforma.
El requisito no significa que se eliminará la doble nacionalidad para la población mexicana en general. La restricción estará dirigida exclusivamente a quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal, los gobiernos estatales o el Gobierno de la Ciudad de México.
Durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir otra nacionalidad, utilizar pasaportes extranjeros, ejercer derechos políticos en otro país o acogerse a la protección diplomática de otra nación.
Morena defendió la reforma bajo el argumento de que quienes ocupen las máximas responsabilidades ejecutivas deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, afirmó que el propósito es garantizar que las decisiones de presidentes y gobernadores respondan únicamente a los intereses nacionales.
Legisladores del PT respaldaron el planteamiento al considerar que la conducción del Estado exige un compromiso inequívoco con la soberanía y las instituciones mexicanas.
Por su parte, las bancadas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron la reforma al considerar que limita los derechos políticos de millones de mexicanos residentes en el extranjero que adquirieron una segunda nacionalidad.
La oposición también cuestionó que la modificación pudiera utilizarse para impedir la participación de determinadas figuras políticas en futuras elecciones.
Tras la aprobación en lo general, el Pleno inició la discusión de cientos de reservas presentadas por los distintos grupos parlamentarios para modificar el contenido del dictamen.
Las disposiciones entrarían en vigor a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarían a quienes ya ocupen alguno de los cargos señalados al momento de la entrada en vigor del decreto.
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá obtener también la mayoría calificada en el Senado y posteriormente ser aprobado por la mayoría de las legislaturas estatales antes de incorporarse a la Constitución.
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