Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.— La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, retirar diversas publicaciones difundidas en redes sociales en las que relaciona a Morena con el crimen organizado.
La medida cautelar también comprende contenidos difundidos desde cuentas oficiales del PRI y establece que el dirigente deberá abstenerse de realizar señalamientos similares cuando no cuente con elementos que respalden sus afirmaciones.
La determinación tuvo su origen en una queja presentada por Morena, partido que acusó al dirigente priista de difundir propaganda política con contenido presuntamente calumnioso.
Entre las expresiones señaladas se encuentran “narcopartido”, “narcorégimen”, “narcogobierno”, “narcodictadura”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos” y “cártel de Morena”, utilizadas para atribuir al partido gobernante presuntos vínculos con organizaciones delictivas.
De manera preliminar, la Comisión consideró que estas publicaciones podrían constituir calumnia electoral al imputar conductas delictivas sin presentar elementos suficientes que las sustenten. Por esa razón, ordenó eliminar contenidos específicos y evitar la difusión de mensajes semejantes en redes sociales, promocionales u otros formatos.
La resolución es de carácter cautelar y no representa una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Su propósito es impedir que los mensajes denunciados continúen circulando mientras las autoridades electorales resuelven el procedimiento correspondiente.
Alejandro Moreno rechazó la determinación y acusó al INE de restringir la libertad de expresión de la oposición. También anunció que impugnará la medida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que deberá revisar su legalidad y proporcionalidad.
El dirigente priista ha mantenido durante los últimos meses una intensa ofensiva política contra Morena, tanto en México como en el extranjero. Asimismo, ha llevado sus acusaciones ante autoridades y organismos internacionales, bajo el argumento de que existe un intento por censurar y perseguir a la oposición.
La resolución abre un nuevo capítulo en la confrontación entre Morena y el PRI, ahora centrado en los límites de la propaganda política, la libertad de expresión y la obligación de sustentar las acusaciones relacionadas con la comisión de delitos.
El caso adquiere especial relevancia ante el inicio del proceso electoral federal 2026-2027, periodo en el que aumentará la disputa política y la vigilancia sobre los mensajes difundidos por partidos y dirigentes en las plataformas digitales.
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