Ciudad de México.— El senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, advirtió que la reforma judicial y la elección de juzgadores de 2025 provocaron la pérdida de aproximadamente 60% del personal judicial especializado en materias civil y familiar, situación que obliga a reconsiderar los plazos para la entrada en vigor de los códigos nacionales.
La advertencia expone uno de los costos menos discutidos de la transformación del Poder Judicial: la salida de jueces con experiencia técnica y conocimiento acumulado en materias que afectan directamente el patrimonio, la familia, la custodia de menores, las sucesiones y el cumplimiento de contratos.
Ante esta reducción de juzgadores especializados, Corral planteó la necesidad de retrasar la aplicación de los nuevos ordenamientos procesales, con el propósito de evitar que entren en funcionamiento sin personal capacitado, infraestructura suficiente ni condiciones institucionales adecuadas.
La entrada en vigor de una legislación nacional de esta magnitud no puede limitarse a una fecha establecida en el calendario. Requiere juzgados preparados, sistemas digitales funcionales, presupuesto, capacitación y operadores jurídicos capaces de aplicar correctamente los nuevos procedimientos.
Pretender implementar los códigos sin esas condiciones podría traducirse en expedientes paralizados, criterios contradictorios, audiencias diferidas y un incremento del rezago judicial. En lugar de acelerar la justicia, una ejecución improvisada podría multiplicar los obstáculos para las personas que acuden a los tribunales.
EL SENADO ESCUCHA, PERO NO SIEMPRE ATIENDE
Durante la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Corral reconoció otra deficiencia del proceso legislativo: la realización de consultas que no necesariamente se reflejan en el contenido final de las reformas.
“El Senado escucha, pero luego no hace caso a nadie”, admitió el legislador al referirse al trámite de las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La declaración resulta especialmente relevante porque proviene de un integrante del grupo mayoritario y de quien encabeza una de las comisiones centrales para la revisión de las reformas judiciales y procesales.
Corral sostuvo que las leyes no pueden elaborarse desde la “frialdad” de una iniciativa. Antes de aprobarlas, el Congreso debe conocer cómo funcionan las instituciones, escuchar a quienes aplican las normas, atender la opinión de especialistas y evaluar las consecuencias sociales y jurídicas.
La mayoría legislativa tiene derecho a impulsar su programa político, pero contar con los votos suficientes no elimina la obligación constitucional de deliberar. El Congreso no debe funcionar como una oficina encargada de ratificar automáticamente las decisiones del Poder Ejecutivo.
Cuando los foros y consultas se utilizan únicamente para legitimar decisiones tomadas previamente, el parlamento abierto pierde sentido y se convierte en una simulación. Escuchar expertos implica analizar sus argumentos y explicar públicamente por qué se aceptan o rechazan sus propuestas.
FRENAN LA FIGURA DE LOS “JUECES SIN ROSTRO”
Corral también informó que sostuvo un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la propuesta para instaurar la figura de los llamados “jueces sin rostro”, mediante la cual podría reservarse la identidad de las personas juzgadoras en determinados procesos vinculados con la delincuencia organizada.
La iniciativa generó cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la transparencia judicial y los derechos de las personas procesadas. Después del diálogo, se acordó detener esa figura y avanzar hacia una reforma integral del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La protección de jueces amenazados constituye una obligación del Estado, pero no puede utilizarse como justificación para debilitar el derecho de defensa, la publicidad del proceso, la imparcialidad judicial ni la posibilidad de conocer eventuales conflictos de interés.
Cualquier restricción a la publicidad de un juicio debe ser excepcional, estar debidamente justificada y superar un análisis de necesidad y proporcionalidad. De lo contrario, una medida concebida para brindar seguridad podría abrir espacios para resoluciones sin suficiente control público.
LEGISLAR CON PRISA TAMBIÉN GENERA INJUSTICIA
Las declaraciones de Corral colocan bajo revisión la velocidad con la que el Congreso ha procesado las iniciativas presidenciales. Durante los primeros dos años del gobierno de Sheinbaum se aprobaron decenas de reformas constitucionales y legales, varias mediante procedimientos acelerados o dispensas de trámites parlamentarios.
La aprobación rápida de una norma no implica, por sí misma, su invalidez. Sin embargo, cuando la prisa impide estudiar los dictámenes, limita la participación de las minorías o elimina una deliberación efectiva, las irregularidades pueden adquirir relevancia constitucional.
El problema resulta más grave cuando se trata de reformas que modifican la estructura judicial y las reglas mediante las cuales las personas defienden su libertad, patrimonio y derechos familiares.
Retrasar la entrada en vigor de los códigos nacionales no debe entenderse como una renuncia a modernizar la justicia. Puede constituir una medida responsable si el tiempo adicional se utiliza para capacitar juzgadores, cubrir vacantes, adecuar tribunales y garantizar los recursos necesarios.
La advertencia de Corral deja una conclusión incómoda para el oficialismo: reformar la Constitución y aprobar nuevos códigos no garantiza, por sí solo, una mejor justicia. Sin jueces especializados, presupuesto, capacitación y una transición ordenada, las reformas pueden terminar perjudicando precisamente a quienes prometían beneficiar.
La justicia no se transforma únicamente cambiando leyes. También exige conservar experiencia, fortalecer instituciones y evitar que la prisa política se convierta en incertidumbre jurídica para la ciudadanía.
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