Ciudad de México.— El caso del llamado “huachicol fiscal” dejó de parecer una simple operación de contrabando para revelar indicios de una presunta estructura enquistada en áreas estratégicas del Estado mexicano. Durante el cateo de una bodega vinculada con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, la Fiscalía General de la República localizó documentación aduanera, expedientes de personal naval, archivos relacionados con seguridad nacional y armas sin registrar.
El hallazgo golpea directamente la versión de que se trataba únicamente de empresarios y funcionarios aislados que encontraron una rendija para evadir impuestos. La naturaleza de los documentos asegurados apunta, según la investigación ministerial, a una posible capacidad de intervención en nombramientos, controles aduaneros y movimientos de personal dentro de instituciones encargadas de vigilar las costas y combatir el contrabando.
La fiscal general, Ernestina Godoy, señaló a los hermanos Farías Laguna como presuntos dirigentes de una red que habría utilizado su influencia dentro de la Secretaría de Marina para colocar personal de confianza en puestos clave de las aduanas marítimas. Desde esas posiciones, la organización habría facilitado la entrada de enormes cantidades de combustible procedente de Estados Unidos, declarado falsamente como aditivos para aceites lubricantes para evadir el pago de impuestos.
El esquema investigado habría funcionado mediante buques cargados con hidrocarburos, documentación manipulada, revisiones simuladas, servidores públicos presuntamente cómplices y operaciones financieras destinadas a ocultar el origen del dinero. No sería, por tanto, un contrabando improvisado, sino una maquinaria que necesitaba protección institucional para operar durante años.
Los hermanos son sobrinos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aunque las autoridades sostienen que el exfuncionario denunció la trama ante la Fiscalía, la relación familiar y las posiciones que presuntamente alcanzaron sus sobrinos mantienen abierta una pregunta políticamente incómoda: ¿cómo pudo crecer una operación de semejante tamaño dentro de áreas controladas por la Marina sin que los altos mandos advirtieran oportunamente lo que ocurría?
La defensa de los Farías Laguna sostiene que sus representados son utilizados como chivos expiatorios y ha solicitado que Ojeda Durán comparezca en la investigación. Ese reclamo añade presión a una Fiscalía que no puede limitar el expediente a exhibir bodegas, objetos de lujo y fotografías de los acusados: tendrá que reconstruir la cadena completa de protección política, administrativa y empresarial.
El aseguramiento resulta especialmente delicado por la presencia de expedientes navales y documentación de seguridad nacional. El problema ya no consiste solamente en calcular cuánto dejó de recibir el erario por los combustibles introducidos ilegalmente, sino en determinar quién permitió que información reservada y armas sin registro terminaran bajo control de personas investigadas.
La FGR deberá esclarecer quién entregó esos documentos, con qué propósito fueron concentrados en la bodega y cuántos funcionarios participaron en la manipulación de las aduanas. Si la investigación se detiene en los hermanos Farías Laguna, el caso correrá el riesgo de convertirse en otro expediente de responsabilidades selectivas. El verdadero desafío será tocar la estructura que hizo posible el negocio, aunque sus ramificaciones alcancen antiguos despachos, mandos militares o círculos de poder.
Porque una red capaz de mover combustible, alterar registros y controlar posiciones aduaneras no se construye desde una bodega: se construye desde las oficinas públicas donde alguien firma, alguien encubre y alguien decide guardar silencio.
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