CIUDAD DE MÉXICO.— El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para imponer penas de entre 80 y 140 años de prisión a servidores públicos que colaboren, se coludan o faciliten las actividades de organizaciones criminales.
Aunque políticamente ha sido presentada como una propuesta de “cadena perpetua contra narcopolíticos”, su contenido jurídico plantea penas de prisión extraordinariamente prolongadas, multas de hasta 24 mil días y la imprescriptibilidad de las conductas sancionadas.
La propuesta contempla reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de castigar las alianzas entre integrantes del servicio público y grupos delictivos que pretendan influir en las autoridades, las instituciones democráticas o los procesos electorales.
¿A quiénes alcanzaría la reforma?
Las sanciones podrían aplicarse tanto a integrantes de la delincuencia organizada como a funcionarios que participen, colaboren o faciliten estas conductas.
La iniciativa menciona expresamente a titulares del Poder Ejecutivo federal y de los gobiernos estatales, secretarios de Estado, integrantes de fiscalías y responsables del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También podrían ser sancionados quienes incumplan deliberadamente sus atribuciones legales con el propósito de permitir la intervención del crimen organizado en decisiones gubernamentales, instituciones públicas o procesos electorales.
Para que procedieran las penas no bastaría la simple pertenencia al servicio público. Las autoridades tendrían que acreditar, mediante un proceso penal, la participación intencional del acusado y su propósito de favorecer las actividades de una organización criminal.
Delitos sin prescripción
Uno de los aspectos jurídicos más relevantes es la propuesta de declarar imprescriptibles estas conductas. Esto significaría que el transcurso del tiempo no extinguiría la facultad del Estado para investigarlas y sancionarlas.
Además, al incorporarlas al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las investigaciones quedarían sujetas al régimen especial previsto para combatir estructuras criminales, con herramientas procesales distintas a las aplicables a los delitos ordinarios.
El coordinador parlamentario del PAN, Elías Lixa Abimerhi, afirmó que la reforma busca cerrar el paso a la infiltración criminal en las instituciones y terminar con la impunidad de quienes utilizan el poder público para proteger intereses delictivos.
Por su parte, el diputado José Manuel Hinojosa Pérez, promovente de la iniciativa, sostuvo que la intervención del crimen organizado en la vida pública representa una amenaza directa contra las instituciones democráticas y la libertad de los procesos electorales.
La iniciativa todavía no es ley
La propuesta deberá ser analizada por las comisiones correspondientes y posteriormente discutida y votada por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Mientras no concluya ese procedimiento y sea publicada oficialmente, las penas anunciadas no pueden aplicarse.
El debate legislativo también deberá examinar la proporcionalidad de las sanciones, la definición precisa de las conductas, las garantías del debido proceso y la compatibilidad de la imprescriptibilidad con el marco constitucional y convencional mexicano.
La iniciativa abre así una discusión de fondo: cómo sancionar con firmeza la colaboración entre autoridades y organizaciones criminales sin recurrir a conceptos ambiguos que puedan permitir persecuciones políticas o aplicaciones discrecionales de la ley.
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