CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una dura acusación contra la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos al afirmar que la agencia pretende generar divisiones dentro del gabinete de seguridad y debilitar a los gobiernos que defienden su independencia.
La mandataria reaccionó a las declaraciones del director de la DEA, Terrance Cole, quien elogió públicamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mientras advertía sobre la presunta colusión de funcionarios mexicanos con organizaciones del narcotráfico.
Para Sheinbaum, esa combinación de reconocimientos y acusaciones no es casual. Forma parte, dijo, de una táctica histórica utilizada desde el exterior para enfrentar a integrantes de un mismo gobierno y erosionar su cohesión interna.
“Ellos buscan, para debilitar a los gobiernos —porque éste es uno de sus objetivos, y particularmente a gobiernos independientes que defendemos la soberanía—, dividirnos internamente”, sostuvo durante su conferencia matutina.
La Presidenta señaló que la estrategia pretende abrir fisuras tanto en el gabinete federal como entre las instituciones responsables de la seguridad nacional. Sin embargo, aseguró que el intento ha fracasado.
“Se topan con pared”, sentenció.
Sheinbaum defendió la coordinación entre el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y Omar García Harfuch. También destacó el trabajo conjunto con la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
“Piensan que por hablar bien de unos y mal de otros van a generar al interior división, pero fracasan en eso porque no lo logran; hay mucha coordinación y mucho patriotismo de todos en la defensa de México”, afirmó.
ELOGIOS QUE TAMBIÉN GENERAN SOSPECHAS
El posicionamiento presidencial revela el nivel de desconfianza que existe en Palacio Nacional frente a las declaraciones de las agencias estadounidenses.
Los elogios de la DEA hacia García Harfuch, descrito por Cole como un “socio de confianza” y un “buen amigo”, fueron interpretados por Sheinbaum como parte de una maniobra para confrontarlo con otros integrantes del gabinete e incluso colocarlo anticipadamente dentro de la sucesión presidencial.
El episodio ocurre en un momento de tensión bilateral, marcado por acusaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con el narcotráfico, revocaciones de visas y crecientes presiones en materia de seguridad.
La DEA ha emitido señalamientos, pero la Presidencia cuestiona que las acusaciones se difundan públicamente sin presentar pruebas ante las instituciones mexicanas competentes.
El problema de fondo no es únicamente diplomático. Washington pretende mantener influencia directa sobre la política de seguridad mexicana, mientras el gobierno de Sheinbaum insiste en que la cooperación debe realizarse sin subordinación ni operaciones unilaterales.
MÉXICO, OTRA VEZ EN LA ELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS
Sheinbaum también acusó a sectores políticos estadounidenses de utilizar recurrentemente a México como tema electoral, particularmente ante los comicios de noviembre en Estados Unidos.
La migración, el tráfico de drogas y la violencia de los cárteles suelen convertirse en herramientas de campaña para ganar votos, incluso cuando las responsabilidades compartidas —como el consumo de estupefacientes y el tráfico de armas desde territorio estadounidense— quedan fuera del discurso.
“Que se ocupen de los asuntos de allá; acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá”, expresó la mandataria.
Pese al tono confrontativo, aclaró que México mantendrá la coordinación con Estados Unidos en seguridad, pero bajo una condición central: respeto absoluto a la soberanía nacional.
Sheinbaum sostuvo que la relación bilateral requiere prudencia, firmeza y cabeza fría. “Hay que actuar con mucha razón, con principios y con razón, no con el estómago o el corazón, porque hay que tener temple en esos momentos”, afirmó.
La declaración presidencial envía un mensaje directo a Washington: la cooperación continuará, pero las agencias estadounidenses no tendrán libertad para marcar la agenda interna, repartir reconocimientos o dictar quién merece confianza dentro del gobierno mexicano.
También deja una exigencia pendiente para ambas partes. Estados Unidos debe respaldar con pruebas sus acusaciones contra funcionarios mexicanos, mientras México está obligado a investigar con transparencia cualquier señalamiento sustentado y evitar que la defensa de la soberanía se convierta en pretexto para encubrir responsabilidades.
La soberanía no puede significar silencio frente a la corrupción, pero la cooperación tampoco puede convertirse en licencia para la intervención. Ésa es la línea sobre la que México y Estados Unidos libran ahora una de sus disputas políticas más delicadas.
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