Ciudad de México.— En momentos en que el gasto público permanece bajo presión y el país se encamina hacia una nueva batalla electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso sobre la mesa una factura multimillonaria: su Consejo General aprobó solicitar 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos para operar durante 2027, mientras que los partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes recibirían adicionalmente 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos de financiamiento público.
Las cifras vuelven a colocar en el centro del debate el costo de la democracia mexicana y, particularmente, el tamaño de los recursos públicos destinados al aparato electoral y a las organizaciones partidistas.
El presupuesto solicitado por el INE contempla sus gastos de operación y la organización del proceso electoral federal de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados. A ello se suma una bolsa precautoria de aproximadamente 4 mil 736 millones de pesos para la eventual realización de mecanismos de participación ciudadana, como una consulta popular o revocación de mandato.
Si se consideran las principales bolsas aprobadas, el entramado electoral podría rondar los 47 mil millones de pesos, aunque jurídicamente se trata de conceptos presupuestales distintos.
Más de 10 mil millones para los partidos
Uno de los puntos políticamente más sensibles es el financiamiento público que recibirán los partidos y las candidaturas independientes: 10 mil 842.6 millones de pesos.
De esa cantidad, alrededor de 7 mil 879 millones estarán destinados a las actividades ordinarias de los partidos, mientras que aproximadamente 2 mil 363 millones corresponderán a gastos de campaña. Otros 47.2 millones serán reservados para candidaturas independientes.
El reparto no constituye una decisión discrecional del INE. Los montos se calculan mediante las fórmulas establecidas constitucional y legalmente, por lo que el Instituto aplica reglas vinculadas, entre otros elementos, al padrón electoral, la Unidad de Medida y Actualización y los resultados electorales.
Sin embargo, que exista una fórmula constitucional no elimina la discusión política: México llegará a las elecciones intermedias de 2027 con partidos financiados nuevamente con miles de millones de pesos provenientes del erario.
Nuevos partidos también entran al reparto
La bolsa también contempla a Paz y Somos México, las dos fuerzas políticas de reciente creación. Cada una recibiría aproximadamente 157.6 millones de pesos para sus actividades ordinarias.
Su incorporación amplía nuevamente el universo de organizaciones políticas sostenidas parcialmente con recursos públicos, justo cuando comienza a calentarse la disputa por la Cámara de Diputados y por los numerosos cargos locales que estarán en juego durante 2027.
El tamaño del presupuesto electoral contrasta inevitablemente con las restricciones financieras que enfrentan otras áreas gubernamentales y anticipa una discusión intensa cuando el proyecto llegue al terreno presupuestario federal.
INE defiende recursos; voces internas advierten riesgos
La discusión tampoco estuvo exenta de diferencias dentro del propio Instituto. Consejeros electorales han advertido sobre las consecuencias que tendría aplicar nuevos recortes al organismo en vísperas de un proceso electoral de gran dimensión.
El argumento central del INE es que organizar elecciones implica instalar casillas, capacitar funcionarios, actualizar y operar el padrón electoral, fiscalizar campañas, desplegar personal en todo el país y garantizar las condiciones materiales necesarias para recibir y contar millones de votos.
Pero la discusión política va más allá de la logística.
El verdadero debate será determinar cuánto debe costarle al ciudadano mexicano mantener un sistema electoral que, entre la operación del árbitro, las elecciones, las prerrogativas partidistas y posibles ejercicios de participación ciudadana, requiere decenas de miles de millones de pesos.
Y mientras los partidos se preparan para pedir nuevamente el voto ciudadano en 2027, antes recibirán una considerable inyección de dinero público para financiar su estructura y sus campañas.
La paradoja vuelve a instalarse en la discusión nacional: competir por el poder político en México sigue siendo una actividad financiada, en buena medida, por los propios contribuyentes.
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