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México busca poner orden jurídico a la inteligencia artificial: Morena propone reformar la Constitución

Por La Palabra del Caribe

10 agosto, 2026
en Nacional
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Ciudad de México.— El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial podría dejar de transitar por un terreno de dispersión normativa en México. Diputados de Morena preparan una reforma al artículo 73 de la Constitución para otorgar expresamente al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de inteligencia artificial y avanzar hacia una regulación nacional.

La propuesta, presentada por la vicecoordinadora parlamentaria de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, parte de un problema jurídico de fondo: actualmente no existe una competencia constitucional federal específica que permita construir un régimen integral y homogéneo sobre inteligencia artificial.

El vacío adquiere relevancia porque distintas entidades federativas —entre ellas Estado de México, Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y San Luis Potosí— ya han comenzado a legislar sobre aspectos relacionados con esta tecnología. La consecuencia podría ser la aparición de marcos regulatorios distintos e incluso contradictorios en las 32 entidades del país.

Desde la perspectiva constitucional, la reforma al artículo 73 sería el primer paso para establecer con claridad la competencia del Congreso de la Unión. No se trata todavía de aprobar una ley general sobre inteligencia artificial, sino de construir primero el fundamento constitucional que permita al Poder Legislativo federal expedir posteriormente una regulación nacional.

El debate rebasa ampliamente el terreno tecnológico. La inteligencia artificial plantea interrogantes directamente vinculadas con derechos fundamentales: privacidad y protección de datos personales, libertad de expresión, derecho a la propia imagen, propiedad intelectual, derechos laborales, responsabilidad por daños, discriminación algorítmica y seguridad jurídica.

Uno de los antecedentes jurídicos relevantes es el Amparo Directo 6/2025, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó problemas relacionados con obras utilizadas para entrenar sistemas de IA, la titularidad de productos e invenciones generados con asistencia de estas tecnologías y la protección de derechos de propiedad intelectual frente a fenómenos como la falsificación y la clonación.

La discusión adquiere especial importancia frente a los sistemas de inteligencia artificial generativa capaces de producir textos, fotografías, voces, videos y reproducciones digitales prácticamente indistinguibles de contenidos auténticos. La ausencia de reglas claras abre interrogantes sobre quién responde por los daños, quién conserva los derechos sobre las obras utilizadas para entrenar los modelos y qué protección corresponde a una persona cuya voz, rostro o identidad son reproducidos artificialmente.

El proyecto contempla además la participación de los congresos estatales. Una vez aprobada la reforma constitucional, se plantea que el Congreso de la Unión convoque a las legislaturas locales para recibir opiniones y propuestas antes de construir la legislación secundaria.

La ruta legislativa, sin embargo, será compleja. Al tratarse de una modificación constitucional, la iniciativa deberá alcanzar mayoría calificada en el Congreso de la Unión y posteriormente obtener la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, conforme al procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ya había colocado la regulación de la inteligencia artificial entre los asuntos prioritarios para el próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de septiembre.

El desafío jurídico será encontrar un equilibrio: establecer límites suficientes para proteger derechos fundamentales sin construir una regulación tan rígida que termine frenando la innovación tecnológica.

México entra así a una discusión inevitable. La inteligencia artificial ya produce consecuencias económicas, laborales y jurídicas; ahora corresponde definir quién establece las reglas, cuáles serán los límites de los algoritmos y, sobre todo, qué derechos conservarán las personas frente a decisiones y contenidos generados por máquinas.

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