Washington, D.C. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) endureció su postura contra el crimen organizado al advertir que perseguirá no solo a los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también a los funcionarios mexicanos que, presuntamente, utilicen sus cargos para brindar protección o facilitar las operaciones de organizaciones criminales.
El mensaje fue emitido durante la presentación de una nueva ofensiva del gobierno estadounidense contra el CJNG, en la que participaron autoridades del Departamento de Justicia, la DEA y el FBI. La estrategia contempla acciones coordinadas para desarticular la estructura criminal, atacar sus finanzas y romper sus presuntos vínculos con redes de corrupción política.
El administrador de la DEA afirmó que ningún cargo público, posición política o relación de poder impedirá que las autoridades estadounidenses actúen contra quienes colaboren con los cárteles, al sostener que la corrupción institucional fortalece la capacidad operativa de estas organizaciones criminales.
Como parte de la ofensiva, Estados Unidos anunció recompensas superiores a 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de integrantes de la cúpula del CJNG, además de sanciones económicas, cancelación de visas y acciones para desmantelar las redes financieras vinculadas con la organización.
El endurecimiento de la política estadounidense eleva la presión sobre las instituciones mexicanas y coloca nuevamente en el centro del debate la infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales, uno de los principales retos para la cooperación bilateral en materia de seguridad.
