Xalapa, Veracruz. El Congreso de Veracruz se prepara para votar este miércoles el desafuero de dos alcaldes de Movimiento Ciudadano, entre ellos Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.
La decisión será discutida durante una sesión extraordinaria de carácter privado, en la que la mayoría legislativa definirá si retira la inmunidad procesal a ambos funcionarios para que enfrenten las investigaciones penales sin la protección del fuero constitucional.
En el caso de González Martínez, la Fiscalía sostiene que existen elementos para vincularlo con el crimen de la comunicadora, ocurrido el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, un caso que ha provocado indignación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del gremio periodístico.
Además del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, el Congreso analizará el desafuero de Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, investigado por su presunta participación en la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez.
Movimiento Ciudadano rechazó el procedimiento y acusó que el gobierno estatal utiliza las instituciones para perseguir a opositores políticos. El partido afirmó que, mientras la violencia y la presencia del crimen organizado continúan afectando diversas regiones de Veracruz, las autoridades han dirigido sus acciones contra actores políticos, periodistas y críticos del gobierno.
La eventual aprobación del desafuero abriría la puerta para que ambos alcaldes enfrenten los procesos penales como cualquier ciudadano, en un momento en que Veracruz permanece bajo el escrutinio nacional por los altos niveles de violencia y por los ataques contra periodistas.
El caso de Roxana Guzmán vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de justicia para los comunicadores asesinados en México y el reclamo de que ningún servidor público, sin importar el cargo que ocupe, goce de impunidad cuando existen señalamientos por delitos de alto impacto.
