CIUDAD DE MÉXICO.— México obtuvo un importante triunfo jurídico internacional luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolviera desestimar la mayor parte de las reclamaciones promovidas por Calica, filial de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, derivadas del cierre de sus operaciones de extracción de piedra caliza en Quintana Roo.
El procedimiento arbitral, iniciado al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), surgió tras las medidas adoptadas por autoridades mexicanas entre 2018 y 2022 para frenar las actividades de la empresa, al considerar que ocasionaban graves afectaciones ambientales en la zona de Playa del Carmen.
De acuerdo con el Gobierno de México, el Tribunal Arbitral rechazó prácticamente todas las pretensiones de la compañía, salvo una reclamación relacionada con la clausura de un predio ocurrida en enero de 2018, cuyo impacto económico representa menos del uno por ciento del monto originalmente reclamado.
La controversia se convirtió en uno de los litigios internacionales más relevantes para el país en materia de inversión extranjera y protección ambiental, luego de que Vulcan Materials reclamara una indemnización millonaria al considerar que las decisiones del Estado mexicano constituían una expropiación indirecta de sus activos.
Tras conocerse la resolución, el Gobierno de México reiteró su compromiso con el respeto a los tratados internacionales, la certeza jurídica para las inversiones y la protección del medio ambiente, al tiempo que informó que analizará los alcances del fallo para determinar las acciones legales procedentes.
El conflicto tuvo como origen la explotación de piedra caliza realizada durante casi cuatro décadas por Calica en la costa de Quintana Roo, actividad que, según las autoridades federales, provocó la devastación de extensas áreas de selva, afectaciones a cenotes y daños al sistema hidrológico de la región. Como parte de las medidas de protección, el Gobierno federal decretó posteriormente esos terrenos como Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, con el propósito de impedir la reanudación de actividades mineras.
La resolución del CIADI representa un precedente relevante en la defensa jurídica del Estado mexicano frente a controversias internacionales en las que convergen la protección de inversiones extranjeras y la preservación del patrimonio ambiental.
