Ciudad de México.— La relación entre México y Estados Unidos volvió a tensarse luego de que Sara Carter, identificada como una de las principales voces del aparato antidrogas del gobierno del presidente Donald Trump, afirmara que Washington mantiene el foco sobre políticos mexicanos presuntamente vinculados con estructuras del crimen organizado.
Durante declaraciones públicas, Carter sostuvo que las autoridades estadounidenses están dirigiendo investigaciones y acciones particularmente hacia actores políticos relacionados con operaciones criminales en Sinaloa, bajo el argumento de que durante años ciertos grupos del narcotráfico habrían contado con redes de protección institucional para mantener capacidad operativa.
La funcionaria aseguró que la estrategia de seguridad impulsada por la administración Trump ya no se limita al combate directo contra integrantes de cárteles, sino que busca alcanzar a quienes —según sus palabras— facilitan, encubren o permiten el funcionamiento de organizaciones criminales desde posiciones de poder.
Además, destacó que la cooperación entre ambos países ha permitido desarrollar operaciones que calificó como de alto impacto, aunque evitó revelar nombres o detallar expedientes abiertos.
Las declaraciones generaron expectativa inmediata en México debido al alcance político del mensaje y al momento que vive la relación bilateral en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico.
Consultada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los señalamientos específicos y mantuvo la línea que ha sostenido su gobierno frente a este tipo de declaraciones: defensa de la soberanía nacional y rechazo a cualquier narrativa que implique intervención extranjera en asuntos internos.
La postura presidencial deja abierto un escenario de tensión diplomática donde, por un lado, Washington endurece el discurso contra presuntas redes político-criminales y, por el otro, México insiste en que cualquier cooperación deberá realizarse dentro del marco institucional y con respeto absoluto a la autonomía del Estado mexicano.
El mensaje lanzado desde Estados Unidos vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para ambos gobiernos: si el combate al narcotráfico avanzará únicamente contra operadores criminales o si comenzará a tocar estructuras políticas que durante años han permanecido fuera del radar público.
