La narrativa oficial volvió a chocar con una realidad incómoda fuera de México.
Durante una audiencia celebrada en Estados Unidos, la jueza Katherine Polk señaló que existe evidencia “abundante” dentro del proceso que involucra al exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y que alcanza a un grupo de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses investigados por presuntos vínculos con la facción criminal conocida como Los Chapitos.
Entre los nombres mencionados dentro del contexto del caso se encuentra el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, aunque hasta este momento no existe una determinación judicial de culpabilidad ni sentencia en su contra.
La audiencia, que tuvo una duración menor a una hora, dejó un mensaje que inevitablemente abrió un nuevo frente político y judicial: la autoridad estadounidense consideró que el volumen probatorio justifica continuar el procesamiento del asunto.
La jueza concedió un plazo de 60 días para el análisis y procesamiento de la evidencia presentada, periodo en el que también podría abrirse la puerta para negociaciones entre la defensa de Mérida Sánchez y la Fiscalía estadounidense, incluyendo un eventual acuerdo de culpabilidad, figura habitual dentro del sistema penal de ese país.
El caso adquiere una dimensión mayor porque toca uno de los temas más sensibles para el gobierno mexicano: la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras institucionales.
Durante meses, desde el discurso político se ha insistido en rechazar versiones que apuntan a una relación entre actores gubernamentales y organizaciones criminales; sin embargo, la referencia pública realizada por una jueza federal estadounidense coloca nuevamente bajo presión el debate sobre la capacidad del Estado para contener el poder del narcotráfico.
Más allá del desenlace judicial, el expediente vuelve a colocar una pregunta sobre la mesa: si existe evidencia tan amplia como afirma el tribunal estadounidense, ¿hasta dónde podrían escalar las consecuencias políticas y penales?
Por ahora, el proceso apenas comienza.
Pero el mensaje que deja esta audiencia es contundente: cuando las acusaciones ya no circulan únicamente en redes o columnas políticas y llegan a una corte federal extranjera, el costo institucional deja de ser discursivo y comienza a convertirse en un problema judicial.
Se presume la inocencia de todas las personas señaladas mientras no exista una resolución judicial firme.
