Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que aplaza hasta 2028 la próxima elección de jueces, magistrados y otros cargos del Poder Judicial, una decisión que ha generado una intensa confrontación política entre Morena y los partidos de oposición.
La modificación legislativa busca trasladar la elección judicial prevista originalmente para 2027, bajo el argumento de evitar complicaciones operativas y garantizar mejores condiciones para la organización de los comicios. Para la mayoría legislativa, el ajuste permitirá fortalecer la implementación de la reforma judicial y brindar mayor certeza al proceso.
Sin embargo, desde la oposición surgieron fuertes críticas al considerar que el aplazamiento representa una corrección de última hora a una reforma que fue presentada como una transformación histórica del sistema de justicia mexicano.
Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que el cambio evidencia deficiencias en el diseño original de la reforma judicial, al grado de que ahora el propio bloque oficialista se ve obligado a modificar los tiempos de su aplicación.
El debate también estuvo acompañado por cuestionamientos sobre otros cambios relacionados con la integración de órganos jurisdiccionales y electorales, lo que ha abierto una nueva discusión sobre la duración de algunos cargos y los alcances de la reforma constitucional impulsada por la mayoría parlamentaria.
Para Morena y sus aliados, la medida responde a criterios técnicos y administrativos que buscan evitar una carga excesiva para las autoridades electorales y garantizar que la elección de juzgadores se realice en condiciones óptimas.
No obstante, los críticos sostienen que el aplazamiento envía una señal de incertidumbre sobre uno de los proyectos más emblemáticos de la transformación del Poder Judicial, al modificar las reglas del proceso apenas después de haber sido aprobado.
La discusión continuará en las siguientes etapas legislativas, donde se definirá si el aplazamiento queda firme como parte del nuevo diseño electoral y judicial del país.
