Morena y sus partidos aliados aprobaron en lo general una nueva modificación constitucional para aplazar hasta 2028 la elección judicial que originalmente estaba programada para 2027, en una decisión que desató fuertes críticas de la oposición y evidenció fisuras en la polémica reforma impulsada por la Cuarta Transformación.
La iniciativa fue avalada en la Cámara de Diputados tras un intenso debate legislativo, donde legisladores opositores acusaron al oficialismo de improvisar y admitir, en los hechos, que la reforma judicial aprobada en 2024 nació con problemas de operación y planeación.
El bloque oficialista defendió el aplazamiento bajo el argumento de evitar conflictos logísticos, presupuestales y electorales con los comicios intermedios federales, además de garantizar mejores condiciones para la implementación del nuevo modelo de elección de jueces, magistrados y ministros.
Sin embargo, la oposición sostuvo que Morena terminó corrigiendo su propia reforma apenas dos años después de presentarla como uno de los proyectos “históricos” del movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El cambio también reactivó las críticas sobre la viabilidad de la elección popular de integrantes del Poder Judicial, un esquema que desde su origen fue cuestionado por especialistas, organismos internacionales y sectores académicos que advirtieron riesgos de politización, infiltración criminal y debilitamiento institucional.
Durante la discusión parlamentaria, diputados opositores señalaron que el oficialismo busca mantener control político sobre el rediseño judicial mientras continúa ajustando reglas, plazos y mecanismos internos de la reforma.
La modificación contempla además nuevos filtros y requisitos para las candidaturas judiciales, así como ajustes administrativos para la organización de los futuros procesos electorales relacionados con el Poder Judicial.
El debate sobre la reforma judicial continúa polarizando al país, mientras crecen las dudas sobre el impacto que tendrá en la autonomía de jueces y magistrados, así como en la estabilidad institucional del sistema de justicia mexicano.
