Un nuevo escándalo sacude al sistema laboral y de seguridad social en Quintana Roo, luego de que un empresario denunciara la existencia de una presunta red de fraude laboral que operaría entre funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje y personal vinculado al IMSS en Cancún.
El caso, que arrastra antecedentes desde 2016, involucra demandas laborales promovidas por cinco personas que, según el empresario afectado, jamás trabajaron para él ni tuvieron relación contractual con sus empresas, pese a lo cual presentaron denuncias por supuesto despido injustificado.
La controversia gira en torno a una gasolinera y una constructora que, de acuerdo con los denunciantes, fueron incluidas en un mismo litigio laboral pese a no tener relación operativa entre sí, situación que encendió alertas sobre posibles irregularidades dentro del procedimiento judicial y administrativo.
Según la denuncia, detrás del caso existiría una estructura integrada por abogados, supuestos exempleados y funcionarios que habrían utilizado información confidencial para intentar obtener más de 10 millones de pesos mediante resoluciones presuntamente manipuladas.
El escándalo tomó mayor relevancia cuando una autoridad laboral ordenó liberar recursos de cuentas bancarias de la empresa señalada para cubrir supuestas indemnizaciones. Sin embargo, el movimiento fue detectado por la institución bancaria, permitiendo que el empresario promoviera acciones legales para frenar temporalmente la entrega del dinero.
La denuncia también pone bajo cuestionamiento el funcionamiento de las instancias encargadas de impartir justicia laboral en Quintana Roo, en medio de señalamientos de corrupción, tráfico de influencias y posibles acuerdos internos para favorecer litigios fraudulentos.
El caso continúa en disputa judicial mientras el empresario impulsa denuncias penales y recursos legales para evitar el retiro de recursos financieros y exigir una investigación a fondo sobre la presunta red de corrupción que operaría desde instituciones públicas en Cancún.
