La corrupción volvió a estallar en Chiapas luego de que autoridades estatales detuvieran a la alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu López, junto con seis servidores públicos del municipio de Ocozocoautla, todos acusados por el delito de extorsión agravada.
El caso provocó una fuerte sacudida política en la entidad, ya que las investigaciones apuntan a presuntos esquemas de cobros ilegales desde estructuras municipales para permitir obras públicas y operaciones empresariales.
De acuerdo con las investigaciones, la entonces presidenta municipal de Jiquipilas habría exigido un millón de pesos a una empresa para permitirle operar dentro del municipio. La denuncia derivó en una investigación que terminó con el desafuero aprobado por el Congreso local y posteriormente con la orden de aprehensión en su contra.
Las autoridades también confirmaron que existe una orden de captura contra la directora de Obras Públicas del ayuntamiento, señalada por su presunta participación en la red de extorsión.
Mientras tanto, en Ocozocoautla, el escándalo tomó otro giro luego de que la propia alcaldesa denunciara a integrantes de su cabildo por presuntamente exigir dinero a cambio de autorizar obras públicas destinadas a la población. Entre los detenidos figuran una síndica municipal, dos regidoras y tres regidores.
El Congreso de Chiapas retiró el fuero a los funcionarios involucrados y designó sustitutos para evitar el colapso administrativo de ambos ayuntamientos.
Las detenciones ocurren en medio de un creciente clima de desconfianza hacia gobiernos municipales señalados por corrupción, abuso de poder y presuntos vínculos con esquemas de presión económica contra empresarios y ciudadanos.
El caso ya encendió alertas políticas en Chiapas, donde comienzan a surgir cuestionamientos sobre cuántos ayuntamientos más podrían estar operando bajo mecanismos similares de cobro ilegal, tráfico de influencias y condicionamiento de recursos públicos.
La Fiscalía estatal aseguró que mantiene abiertas nuevas líneas de investigación y advirtió que continuarán las acciones contra servidores públicos que utilicen sus cargos para beneficio personal.
